El Cabildo de Tenerife aprueba la venta de su participación en Bodegas Insulares por exigencia de Bruselas
El Cabildo de Tenerife ha aprobado la venta de su participación en Bodegas Insulares para cumplir con la normativa europea sobre competencia y finalizar su etapa de 35 años como socio de la entidad.
La reciente decisión del Cabildo de Tenerife de desinvertir en Bodegas Insulares de Tenerife (Bitsa), tal y como ha informado la prensa local, marca un punto de inflexión en la política económica de la corporación insular. Con la ratificación plenaria de la venta del 45,66% del capital social, la institución pone fin a una trayectoria de tres décadas y media como socio en una entidad que nació con el propósito de transformar el modelo vitivinícola de la isla, transitando de la producción a granel hacia el embotellado con sello de calidad.
Este movimiento responde, fundamentalmente, a una exigencia de Bruselas. La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo), señaló que la presencia pública en una empresa que opera en un mercado de libre concurrencia podía constituir una ayuda de Estado incompatible con la normativa comunitaria. La advertencia, trasladada a las autoridades españolas en 2022, obligó a la administración a redefinir su relación con la bodega para evitar sanciones por competencia desleal, derivando en la exigencia de un canon de mercado por el uso de las instalaciones.
Desde el equipo de gobierno insular, el vicepresidente Lope Afonso ha enmarcado esta salida en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y permitir que el sector privado asuma la gestión integral de la compañía. Por su parte, el consejero de Sector Primario, Valentín González, ha subrayado que la intervención pública cumplió su función histórica de profesionalizar el sector y dotarlo de infraestructuras, una labor que, a su juicio, ya no requiere de la tutela accionarial del Cabildo.
A pesar de la salida del capital, la operativa de Bitsa no se verá interrumpida. La empresa continuará su actividad en la bodega de Tacoronte, propiedad del Cabildo, bajo un nuevo contrato de arrendamiento adjudicado mediante concurso público por un canon anual de 94.021 euros. Mientras que el gobierno insular mantendrá su apoyo al sector mediante políticas de formación y promoción, el Grupo Socialista ha expresado sus reservas, advirtiendo sobre la posible vulnerabilidad de los pequeños viticultores ante la pérdida del respaldo institucional directo.
Esta desinversión, que contó con la abstención del PSOE y la ausencia de los consejeros con intereses en el consejo de administración de la bodega, no supone una retirada generalizada del Cabildo de su tejido empresarial. La institución mantiene una compleja red de cerca de cuarenta entidades, entre las que destacan Titsa o Metropolitano de Tenerife. La diferencia, según el ejecutivo insular, radica en la naturaleza estratégica de estos servicios públicos, a diferencia de la actividad comercial de Bitsa, que ahora queda plenamente en manos de los viticultores, cerrando así un ciclo de 35 años de gestión mixta.