El Cabildo de Tenerife asume la gestión del Teide con restricciones de acceso y una nueva ecotasa
El Cabildo de Tenerife asume la gestión del Parque Nacional del Teide con un plan que incluye la reducción a la mitad de los visitantes, la implementación de una ecotasa para no residentes y la restricción del tráfico rodado para garantizar la sostenibilidad del entorno.
La asunción de las competencias sobre el Parque Nacional del Teide por parte del Cabildo de Tenerife marca un punto de inflexión en la gestión del patrimonio natural de la isla. Tal y como ha informado la corporación insular, este traspaso administrativo no se limita a un cambio de titularidad, sino que inaugura una etapa de restricciones operativas destinadas a mitigar el impacto humano en el ecosistema.
La estrategia anunciada por la presidenta insular, Rosa Dávila, durante el acto celebrado en el Centro de Visitantes de Cañada Blanca, se articula sobre un objetivo ambicioso: recortar a la mitad el volumen de personas que acceden al enclave. Para lograr este propósito, la administración insular ha diseñado un modelo de movilidad que prioriza el transporte colectivo mediante lanzaderas y rutas circulares, complementado con un sistema de reserva previa que segmentará las entradas por cupos y horarios.
Desde una perspectiva económica, la gestión del espacio sufrirá una transformación significativa. La implementación de una ecotasa para los visitantes no residentes, sumada a la tarificación de servicios específicos dentro del recinto, busca financiar el mantenimiento y la preservación del entorno. No obstante, el Cabildo ha garantizado que los residentes en la isla conservarán el acceso gratuito, manteniendo una política de discriminación positiva para la población local.
La viabilidad jurídica de estas medidas se sustenta en una modificación administrativa de calado: la reclasificación de la carretera TF-21. El tramo comprendido entre Boca Tauce y El Portillo ha dejado de estar bajo jurisdicción insular para integrarse plenamente en el Parque Nacional. Este cambio de estatus es fundamental, ya que otorga a los agentes de Medio Ambiente la potestad de regular el tráfico, restringir accesos y ejercer labores sancionadoras, herramientas que hasta ahora resultaban limitadas.
Este movimiento responde a una tendencia creciente en la gestión de espacios protegidos de alta afluencia, donde la sostenibilidad ambiental comienza a prevalecer sobre el modelo de explotación turística intensiva. La transferencia de estas facultades al Cabildo dota a la administración local de una capacidad de maniobra directa para intervenir en un territorio que, hasta la fecha, enfrentaba serios desafíos derivados de la saturación.