El Cabildo de Tenerife rechaza el proyecto Underwater Gardens Park en Punta Blanca por falta de rigor técnico

El Cabildo de Tenerife rechaza el proyecto Underwater Gardens Park en Punta Blanca por falta de rigor técnico

Recurso: Diario de Avisos

El Cabildo de Tenerife ha rechazado el proyecto Underwater Gardens Park en Punta Blanca al considerar que la propuesta técnica incumple los estándares exigidos y se aleja de los objetivos de regeneración marina que justificaron su interés insular.

La reciente resolución del Cabildo de Tenerife de rechazar el Proyecto de Interés Insular (PII) para el Underwater Gardens Park en Punta Blanca marca un punto de inflexión en la gestión de proyectos de regeneración marina en el archipiélago. Tal y como ha trascendido a través de la documentación oficial del Consejo de Gobierno, la institución insular ha optado por desestimar la propuesta al considerar que el plan de ejecución presentado por la mercantil promotora no se ajusta a los estándares técnicos exigidos.

Este dictamen, que deberá ser ratificado próximamente por el Pleno de la Corporación, se fundamenta en un informe técnico con fecha del 27 de octubre. Dicho documento sostiene que la empresa no ha logrado subsanar las carencias detectadas en expedientes anteriores, lo que invalida la viabilidad del proyecto en el municipio de Guía de Isora. La decisión administrativa conlleva, asimismo, la desestimación total de las alegaciones presentadas por la firma el pasado 20 de julio, cerrando así la puerta a la tramitación actual del expediente.

El trasfondo de esta negativa radica en una divergencia sustancial entre la naturaleza del proyecto y sus fines declarados. Aunque la iniciativa obtuvo en 2022 el respaldo institucional bajo la premisa de fomentar la investigación científica y la recuperación de ecosistemas, el Cabildo concluye ahora que la propuesta se ha alejado de esos objetivos fundacionales. Este tipo de figuras de interés insular, diseñadas para agilizar actuaciones de especial relevancia social o ambiental, requieren un cumplimiento estricto de los fines que justificaron su excepcionalidad; al no acreditarse dicho rigor, la administración ha optado por la vía de la denegación, priorizando la seguridad jurídica y la protección del litoral sobre el desarrollo de la infraestructura planteada.