Los cabildos canarios exigen al Gobierno central capacidad directa para movilizar a la UME tras la borrasca Therese

La gestión de las emergencias en el archipiélago canario ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras el paso de la borrasca Therese. Tal y como ha trascendido a través de las declaraciones de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, las instituciones insulares han iniciado una ofensiva institucional para exigir al Ejecutivo central una reforma de la Ley de Protección Civil que otorgue a los cabildos la capacidad directa de movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El trasfondo de esta reclamación radica en una discrepancia competencial de larga data. Actualmente, la normativa estatal equipara a los cabildos con las administraciones municipales, una clasificación que, a juicio de las autoridades insulares, resulta anacrónica. En el modelo canario, los cabildos ostentan la dirección operativa de las crisis incluso cuando estas escalan a un nivel 2 de gravedad —de competencia autonómica—, lo que genera una disonancia entre la responsabilidad ejecutiva que ejercen sobre el terreno y la falta de autonomía para activar recursos estatales de alta capacidad. Dávila ha calificado de "miopía" la actual estructura administrativa, argumentando que la descentralización real de las competencias en las islas debería verse reflejada en una mayor agilidad para solicitar el despliegue militar sin intermediarios.

El balance de los daños provocados por el reciente temporal justifica, según la corporación tinerfeña, la urgencia de este cambio legislativo. Tras la desactivación del Plan de Emergencias Insular (PEIN) a las 02:30 horas de este 25 de marzo, la isla ha comenzado a evaluar el impacto de un episodio que ha dejado cerca de 600 incidencias, concentradas principalmente en la zona norte. Municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Tacoronte y La Matanza han sido los más afectados, con cortes eléctricos que llegaron a impactar a 2.500 usuarios y diversas inundaciones urbanas.

La operatividad de la red viaria ha sido otro de los puntos críticos. Aunque se ha logrado restablecer la circulación en vías como la TF-13, la TF-312, la TF-344, la TF-436 y la TF-24, el despliegue de operarios continúa siendo intenso. A día de hoy, la TF-12 permanece inhabilitada debido a la presencia de un bloque rocoso de grandes dimensiones, mientras que en la TF-5 y la TF-21 se mantienen restricciones parciales para retirar sedimentos y vegetación.

Este episodio meteorológico, que ha obligado a la actualización del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo de Inundaciones (PEINCA) por parte del Gobierno de Canarias, ha servido de catalizador para que los cabildos eleven su presión sobre Madrid. La demanda no es nueva, pero la intensidad de los daños recientes ha reabierto la brecha sobre la necesidad de adaptar el marco legal estatal a la realidad administrativa y geográfica de las islas, donde la capacidad de respuesta inmediata es, a menudo, el factor determinante para la seguridad de la población.