El PSOE exige que Calatrava y las constructoras asuman el coste de las reparaciones del Auditorio de Tenerife
El PSOE exige en el Cabildo de Tenerife que el arquitecto Santiago Calatrava y las constructoras asuman los 17,6 millones de euros que costará reparar las patologías estructurales del Auditorio Adán Martín.
La gestión de las patologías estructurales que afectan al Auditorio de Tenerife Adán Martín ha derivado en un nuevo foco de tensión política en el Cabildo insular. Tal y como ha trascendido a través de la información facilitada por el Grupo Socialista, la formación ha instado a que el coste de las intervenciones necesarias sea asumido íntegramente por el arquitecto Santiago Calatrava y las empresas que ejecutaron la obra, bajo la premisa de que el erario público no debe sufragar los fallos derivados de la construcción original.
El debate se centra en la reciente publicación del proyecto técnico en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), un trámite que, según el portavoz socialista Aarón Afonso, llega con un desfase temporal de dos años respecto al cronograma inicial. La cronología de este expediente se remonta a junio de 2022, momento en el que se activó el procedimiento por vicios ocultos con un plazo de entrega de 19 meses, cuya fecha límite expiraba en enero de 2024. Sin embargo, la actual administración presidida por Rosa Dávila ha validado sucesivas extensiones que han postergado la presentación del documento definitivo hasta febrero de 2026.
Desde la oposición se cuestiona la estrategia negociadora del gobierno insular, al que acusan de priorizar la dilación administrativa sobre la exigencia de responsabilidades. Esta demora no solo afecta a la operativa del recinto, sino que incrementa la incertidumbre financiera. El presupuesto base de licitación para las reparaciones asciende a 16,48 millones de euros, cifra que se eleva a 17,6 millones al incluir los impuestos indirectos. A este montante, el PSOE advierte que podría sumarse el impacto económico derivado de un posible lucro cesante si la actividad del auditorio se viera interrumpida, ya sea de forma parcial o total, durante la ejecución de los trabajos.
El marco legal en el que se inscribe esta reclamación es complejo, dado que la exigencia de responsabilidades por vicios ocultos en infraestructuras de gran envergadura suele derivar en litigios prolongados sobre la solidez y la responsabilidad civil de los agentes intervinientes. Mientras el Cabildo avanza en la tramitación administrativa, el Grupo Socialista ha condicionado su apoyo a la obra a la garantía de que el coste final no recaiga sobre los contribuyentes, exigiendo un ejercicio de transparencia que esclarezca la responsabilidad técnica y financiera de los autores del proyecto y los constructores. La resolución de este conflicto es determinante para la conservación de uno de los activos culturales más emblemáticos de la isla, que ahora se enfrenta a una intervención de gran calado bajo la sombra de una prolongada disputa sobre quién debe asumir la factura de sus deficiencias estructurales.