Polémica en el Cabildo de Tenerife por la externalización de la vigilancia en el Parque Nacional del Teide
El PSOE cuestiona en el Cabildo de Tenerife la externalización de la vigilancia del Parque Nacional del Teide, mientras el gobierno insular defiende la contratación de guardas rurales como un refuerzo complementario a los agentes de Medio Ambiente.
La gestión del Parque Nacional del Teide se ha convertido en el epicentro de una intensa controversia política en el Cabildo de Tenerife, donde el modelo de vigilancia del espacio protegido ha sido puesto en entredicho. Tal y como recoge la información publicada por El Día, el grupo socialista ha instado al Ejecutivo insular a paralizar la licitación de un contrato destinado a contratar a 16 guardas rurales, al considerar que esta externalización supone una cesión de competencias que deberían recaer exclusivamente en los agentes de Medio Ambiente.
El núcleo de la discrepancia radica en la naturaleza del servicio. Mientras que el PSOE, a través de su portavoz Aarón Afonso, aboga por cubrir las necesidades de vigilancia mediante la contratación de personal interino público —evitando así un desembolso de 3,7 millones de euros en tres años—, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, sostiene que la medida es complementaria. Según la postura del equipo de gobierno, compuesto por Coalición Canaria y el Partido Popular y respaldado por Vox, la incorporación de estos efectivos busca garantizar una presencia ininterrumpida las 24 horas, operando siempre bajo la supervisión de los funcionarios de Medio Ambiente.
Desde el Ejecutivo insular se ha defendido la estrategia actual haciendo balance de los recursos desplegados. Dávila ha subrayado que la plantilla de agentes de Medio Ambiente ha experimentado un crecimiento significativo en el último ejercicio, pasando de dos a 14 efectivos, lo que representa un incremento del 600%. A este refuerzo se suma la integración de nueve técnicos especializados y la coordinación con otros cuerpos de seguridad, como la Policía Canaria, la Policía Local de La Orotava —municipio que alberga la mayor parte del parque— y el Seprona de la Guardia Civil. Para el gobierno insular, este despliegue es coherente con el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) recientemente aprobado.
Más allá de la controversia sobre la vigilancia, la sesión plenaria también abordó la gestión de las emergencias. El PSOE cuestionó la presencia de un creador de contenido en el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) durante el episodio meteorológico adverso provocado por la borrasca Therese. Ante la falta de explicaciones de la consejera Blanca Pérez, el director insular de Emergencias, Iván Martín, asumió la responsabilidad de la autorización, argumentando que la prioridad fue la operatividad del centro.
El debate político concluyó con la aprobación de diversas mociones institucionales, entre las que destacan la protección digital de los menores, la solicitud de prórroga hasta 2028 para la ejecución de fondos Next Generation, la concienciación sobre el Párkinson y la implementación de protocolos preventivos ante el riesgo volcánico. No obstante, la tensión sobre la externalización de funciones en el Teide sigue marcando la agenda, evidenciando una fractura sobre cómo debe articularse la seguridad en el principal activo natural de la isla.