El Cabildo de Tenerife reconfigura su sector público tras la salida de Bodegas Insulares
El Cabildo de Tenerife ha formalizado su salida de Bodegas Insulares SA como parte de una reconfiguración estratégica de su sector público, manteniendo no obstante su rol como principal motor económico de la isla a través de una amplia red de entidades instrumentales.
La reciente desvinculación del Cabildo de Tenerife de Bodegas Insulares SA, formalizada tras el acuerdo plenario del pasado viernes, no debe interpretarse como un repliegue ideológico de la institución hacia el liberalismo económico, sino como una reconfiguración estratégica de su vasto ecosistema empresarial. Tal y como recogen las informaciones publicadas sobre este proceso, que culmina una hoja de ruta iniciada en 2025, la corporación insular ha optado por una desinversión selectiva, amortizando su participación del 45,66% en la citada compañía vinícola mediante una reducción de capital.
Este movimiento pone de relieve la complejidad de un sector público insular que, lejos de reducirse, sigue operando como el principal motor de intervención en la economía local. La estructura administrativa del Cabildo se apoya en un entramado de cerca de cuarenta entidades —entre organismos autónomos, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles— cuya cifra exacta fluctúa según el criterio de consolidación presupuestaria aplicado. Esta red es la herramienta fundamental mediante la cual la institución garantiza servicios básicos y ejecuta políticas públicas en ámbitos críticos.
El peso de esta maquinaria es evidente al analizar las partidas del presupuesto de 2026. Sectores como la movilidad, gestionada a través de empresas como Titsa y Metropolitano de Tenerife, concentran inversiones superiores a los 256 millones de euros. De igual modo, la seguridad hídrica y el sector primario, articulados mediante organismos como el Consejo Insular de Aguas o Balten, junto a entidades como Mercatenerife, movilizan más de 200 millones de euros. A ello se suma una potente rama de acción social, liderada por el IASS, que cuenta con una dotación de 417 millones de euros para atender las necesidades de la ciudadanía.
La naturaleza de este sector público también plantea retos de gestión y fiscalización. Durante la sesión plenaria del 31 de julio, el debate sobre el reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 96.000 euros —gastos derivados de eventos en el Auditorio de Tenerife— evidenció las tensiones operativas que genera la figura del "medio propio". El vicepresidente insular, José Miguel Ruano, admitió que la condición jurídica del Auditorio permitió eludir la fiscalización previa, un episodio que subraya la necesidad de un control más riguroso sobre la contratación y el gasto en estas entidades instrumentales.
Para mitigar estos riesgos, el Cabildo ha potenciado la Oficina del Sector Público, un órgano encargado de auditar la eficacia de cada sociedad y determinar su continuidad o disolución. Bajo esta premisa, la salida de Bodegas Insulares responde a una evaluación de madurez: la institución considera que la empresa ya no requiere de tutela pública para su viabilidad. Sin embargo, el mantenimiento de una red que abarca desde la investigación vulcanológica y la biomedicina —con el ITER o Involcan— hasta la gestión cultural y turística, confirma que el Cabildo mantiene intacta su vocación de actor empresarial directo. La pregunta que subyace, más allá de la cifra de entidades, es la eficiencia y el valor añadido que cada una de estas piezas aporta al desarrollo de la isla en un contexto donde la administración insular sigue siendo, por volumen y capacidad, el principal agente económico de Tenerife.