Crisis de seguridad en el litoral de Tenerife: siete playas permanecen cerradas por riesgo de desprendimientos
La inestabilidad geológica de los acantilados mantiene inoperativos siete enclaves costeros en Tenerife, evidenciando una crisis de seguridad y una parálisis administrativa que impide la rehabilitación de estos espacios.
La gestión del litoral en Tenerife atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por la inoperatividad de siete enclaves costeros debido a la inestabilidad geológica de sus acantilados. Tal y como recoge la información publicada recientemente, la administración local se enfrenta a un dilema complejo: la preservación de la integridad física de los bañistas frente a la parálisis administrativa que impide la rehabilitación de estos espacios. Este escenario, que combina riesgos geológicos con una maraña de competencias institucionales, ha convertido el cierre preventivo en la única herramienta jurídica viable para evitar tragedias similares a la ocurrida en 2009 en Los Gigantes, un suceso que marcó un punto de inflexión en la responsabilidad civil de los ayuntamientos ante los desprendimientos.
La casuística de estos cierres revela una preocupante disparidad en los tiempos de respuesta. Mientras que en puntos como Santo Domingo (La Guancha) la clausura se prolonga desde 2010 —tras años de intentos fallidos de intervención entre el Cabildo y el Estado—, otros enclaves como Las Gaviotas (Santa Cruz) han requerido una declaración de emergencia con una inversión proyectada de 1,9 millones de euros para mitigar el riesgo inminente. Esta disparidad también se observa en la playa de Los Patos (La Orotava), donde la incertidumbre sobre la estabilidad del terreno ha condicionado el acceso durante tres años, quedando ahora supeditada a los estudios técnicos de Involcan, cuyas conclusiones no se esperan hasta el próximo otoño.
El fenómeno no distingue entre zonas geográficas, afectando tanto al norte de la isla como al área metropolitana. En Buenavista del Norte, la playa de Los Barqueros permanece inhabilitada desde hace más de una década, con una infraestructura de acceso severamente dañada que, según el consistorio, hace inviable su reapertura. De igual modo, en Santa Cruz, el acceso a Benijo sigue restringido tras los derrumbes registrados en el talud de entrada, una situación que se replica en La Consolación (Garachico), donde la complejidad de la propiedad privada del muro afectado ha ralentizado las medidas de seguridad. Por último, en El Rosario, el charco de Tabaiba mantiene sus prohibiciones vigentes debido a las secuelas de fenómenos meteorológicos adversos y a la necesidad de completar las obras de adecuación de su vaso.
La persistencia de estas prohibiciones pone de relieve una brecha entre la normativa de seguridad y la capacidad de ejecución de las administraciones. A pesar de que el traspaso de competencias de Costas al Gobierno de Canarias en 2023 se presentó como una oportunidad para agilizar la recuperación del litoral, la realidad es que muchos de estos puntos siguen sin una hoja de ruta clara. Mientras tanto, la falta de concienciación de los usuarios, que en ocasiones ignoran los vallados de seguridad, sigue planteando un desafío constante para la vigilancia municipal, que se ve obligada a priorizar la prevención ante una amenaza geológica que, lejos de ser una probabilidad remota, se ha consolidado como una constante en la geografía costera tinerfeña.