Juzgan a empresario tinerfeño por fraude de 147.000 € a la Seguridad Social

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado el juicio contra un empresario tinerfeño, acusado de un presunto delito de fraude agravado a la Seguridad Social que asciende a más de 147.000 euros. La Fiscalía solicita para el investigado una pena de tres años y medio de prisión, el abono de la deuda contraída más intereses, una multa de 500.000 euros y la inhabilitación para optar a subvenciones públicas o contratar con la Administración durante al menos seis años, tal y como ha trascendido de la primera vista oral celebrada este lunes.

El caso pone de manifiesto la complejidad de las obligaciones mercantiles y tributarias en España, especialmente en lo referente a las cotizaciones sociales, cuya omisión sistemática puede derivar en graves consecuencias penales. La acusación sostiene que el empresario habría orquestado una estrategia para eludir sus responsabilidades, acumulando deudas significativas tanto como autónomo como a través de las sociedades mercantiles que administraba. Entre las irregularidades señaladas figuran el impago de cuotas a la Seguridad Social, la falta de retenciones en las nóminas de sus empleados —que, además, se abonaban en efectivo y sin entrega regular de justificantes—, y el incumplimiento de la obligación de presentar cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Frente a estas imputaciones, el acusado ha argumentado un "desconocimiento de la gestión empresarial" y una supuesta falta de dolo, atribuyendo las deudas a una serie de "circunstancias". Sin embargo, la Fiscalía considera que la operativa empresarial del investigado, que incluye la constitución de múltiples sociedades con idéntico objeto social y la transferencia de personal entre ellas, evidencia una intención deliberada de eludir el pago de las cotizaciones.

Las investigaciones revelan un patrón de impagos que se remonta a una década. Tras ser dado de baja de oficio como autónomo por una deuda previa de más de 20.000 euros (cantidad no incluida en la acusación actual), el empresario constituyó una primera empresa de construcción en 2016, que llegó a emplear a 36 trabajadores. Esta sociedad acumuló una deuda de casi 35.000 euros en cotizaciones. Posteriormente, y según la acusación, para seguir operando sin asumir las deudas, el investigado creó una segunda mercantil, también bajo su control, que continuó con la misma actividad y empleó a parte de la plantilla anterior. Fue esta segunda empresa la que generó la deuda principal de 147.903,38 euros que ahora se juzga.

El acusado ha reconocido las deudas atribuidas por la Tesorería General de la Seguridad Social y ha manifestado haber intentado fraccionar el pago antes del juicio, si bien no se ha materializado. La dificultad para recuperar las cantidades adeudadas se agrava, según las investigaciones, por la imposibilidad de localizar bienes suficientes del empresario o de las empresas implicadas para hacer frente a los cobros. La situación subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales para la sostenibilidad del sistema de protección social.