Los empresarios del sur de Tenerife exigen la unificación de los partidos judiciales ante el colapso crónico
El tejido empresarial del sur de Tenerife reclama la unificación de los partidos judiciales de Granadilla de Abona y Arona para frenar el colapso crónico y las dilaciones procesales que el TSJC califica como una inviabilidad operativa.
La parálisis judicial que afecta al sur de Tenerife ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras la reciente reactivación de la demanda de unificación de los partidos judiciales de Granadilla de Abona y Arona por parte del tejido empresarial de la comarca. Tal y como recoge la información publicada esta semana, el sector privado, liderado por el Círculo de Empresarios y Profesionales (CEST), ha retomado esta reivindicación ante la incapacidad de los órganos actuales para absorber la carga de trabajo, una situación que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha calificado reiteradamente en sus memorias anuales —desde 2020 hasta la más reciente de 2023— como una inviabilidad operativa, llegando a etiquetar al partido granadillero como un sistema fallido.
El diagnóstico del TSJC subraya una realidad de colapso crónico que, según los representantes empresariales, deriva en dilaciones procesales que superan el lustro en la resolución de expedientes. Este escenario contrasta con la reciente decisión de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que el pasado 17 de mayo de 2024 autorizó el proyecto para habilitar un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Granadilla. Para el sector empresarial, esta medida de expansión resulta contraproducente, pues consideran que la dispersión de sedes no resuelve el déficit estructural de personal y recursos que lastra la administración de justicia en la zona.
La propuesta de fusión, que ya fue rechazada frontalmente en 2012 por los ayuntamientos implicados y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) bajo el argumento de la proximidad al ciudadano, se enfrenta ahora a una realidad demográfica y económica distinta. El partido judicial de Arona, que da cobertura a unos 200.000 habitantes en el suroeste (Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide) a través de doce juzgados, y el de Granadilla, que atiende a unos 100.000 residentes en el sureste (Granadilla, Arico, San Miguel y Vilaflor) con cinco órganos, comparten una elevada población flotante vinculada al sector turístico y logístico.
La complejidad del mapa judicial sureño se agrava por la ausencia de un Juzgado de lo Social en una comarca que concentra gran parte de la actividad económica y el empleo de la isla. Esta carencia es calificada por el CEST como una anomalía inexplicable, dado el volumen de litigios laborales que genera el tejido productivo local. Mientras los empresarios insisten en que la unificación es la única vía para garantizar la viabilidad del servicio, los sectores críticos mantienen sus reticencias, centradas en el impacto que supondría para la gestión de trámites administrativos y la descentralización de servicios esenciales en un territorio que alberga infraestructuras estratégicas como el Aeropuerto Tenerife Sur y los principales polígonos industriales de la zona.