Empresarios del sur de Tenerife exigen medidas urgentes ante el aumento de la inseguridad
El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife exige medidas urgentes, incluyendo la instalación de videovigilancia y mayor coordinación policial, ante el preocupante aumento de la inseguridad en zonas clave de Arona.
La creciente oleada de incidentes delictivos en enclaves estratégicos del sur de Tenerife, como Las Galletas, Los Cristianos y Playa de las Américas, ha encendido las alarmas entre el tejido empresarial y los residentes de la zona. Tal y como recoge el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), esta problemática no solo compromete la convivencia ciudadana, sino que amenaza la viabilidad económica de un sector turístico y comercial que reclama una intervención institucional inmediata.
El diagnóstico realizado por la patronal, encabezada por Javier Cabrera, pone el foco en la necesidad de implementar medidas de vigilancia activa. La propuesta central del CEST pasa por la instalación de sistemas de videovigilancia en puntos críticos, una tecnología que, según la organización, actuaría como elemento disuasorio y facilitaría la labor de las fuerzas de seguridad. Esta demanda se produce en un contexto de frustración, dado que proyectos similares, como el previsto para la zona de ocio de Las Verónicas y El Fraile, permanecen paralizados a pesar de contar con una trayectoria administrativa de casi diez años, incluyendo licitaciones y adjudicaciones previas.
Más allá de la actividad comercial, el impacto de la inseguridad ha alcanzado infraestructuras críticas. La formación política Más por Arona ha puesto de manifiesto el perjuicio causado por los hurtos recurrentes en el CEIP Las Galletas, afectando especialmente a las instalaciones destinadas a la educación infantil. Esta situación ha forzado al Ayuntamiento de Arona a intentar paliar el déficit de efectivos mediante la incorporación de tres nuevos agentes en prácticas, una medida que, a juicio de los empresarios, resulta insuficiente ante la magnitud del problema.
La postura del CEST es clara: la seguridad debe ser tratada como un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de la comarca. Por ello, la organización aboga por una estrategia de anticipación basada en la coordinación operativa entre la Policía Local, la Policía Autonómica, la Policía Nacional y la Guardia Civil. La patronal insiste en que la normalización de estos episodios delictivos es inaceptable y exige a las administraciones públicas que abandonen la inacción, priorizando la optimización de los recursos policiales en las áreas más vulnerables para restaurar la confianza tanto de los residentes como de los visitantes que sostienen la economía local.