La apicultura en Tenerife, entre la crisis productiva y la lucha contra el fraude del etiquetado
La apicultura en Tenerife enfrenta una crisis de viabilidad marcada por el fraude en el etiquetado, la vulnerabilidad climática y las nuevas restricciones ambientales en el Parque Nacional del Teide que amenazan su patrimonio biológico y económico.
La apicultura en Tenerife atraviesa un momento de profunda transformación, marcada por una tensión creciente entre la preservación de su patrimonio biológico y las dificultades estructurales que amenazan su viabilidad económica. Tal y como recoge la información difundida recientemente sobre el sector, la actividad se enfrenta a un escenario complejo donde la calidad de sus mieles, avalada por una Denominación de Origen Protegida (DOP) que ampara 14 variedades, choca con prácticas comerciales que ponen en riesgo la reputación del producto local.
El mercado insular, donde el kilo de miel alcanza un valor medio de 15 euros —frente a los tres euros que se registran habitualmente en la península—, se ha convertido en un objetivo para el etiquetado engañoso. Productores con décadas de trayectoria advierten sobre la entrada de mieles foráneas que, tras ser envasadas en la isla, se comercializan bajo el reclamo de origen canario, una estrategia que, según denuncian, erosiona la trazabilidad y el valor añadido de las explotaciones que operan bajo el sello de calidad.
Desde una perspectiva técnica, la relevancia de este sector trasciende la mera producción de miel. El valor de la polinización, esencial para el auge de cultivos tropicales como el aguacate y la papaya, se estima entre diez y veinte veces superior al beneficio económico directo de la apicultura. A pesar de esta importancia estratégica, el sector ha sufrido una volatilidad extrema en sus cifras de envasado: tras alcanzar un máximo histórico de casi 49.000 kilos en 2016, la producción cayó a mínimos de 9.700 kilos en 2020, evidenciando una vulnerabilidad climática acentuada por las sequías y los incendios forestales, como el ocurrido en 2023.
La orografía tinerfeña, que concentra la mitad de las explotaciones del archipiélago —unas 600 a 630 unidades que gestionan más de 16.000 colmenas—, se ve ahora limitada por la presión urbanística y nuevas normativas ambientales. El reciente Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide, aprobado mediante el Decreto 182/2025, introduce restricciones significativas al limitar el número de colmenas a 2.000 y establecer rotaciones territoriales. Esta medida responde a estudios científicos que alertan sobre el impacto de la Apis mellifera en la flora endémica y las especies silvestres del Parque Nacional, obligando a las autoridades a buscar un equilibrio entre la tradición apícola y la conservación del ecosistema.
El debate sobre la sostenibilidad del sector también alcanza a los mecanismos de ayuda pública. Tanto las subvenciones POSEICAN como el Plan Nacional Apícola y los fondos del Cabildo son objeto de análisis por parte de los profesionales, quienes reclaman que los incentivos se vinculen estrictamente a la producción certificada y no solo al censo de colmenas. Con una campaña actual que avanza con retraso y cifras de producción muy inferiores a las de 2025, el relevo generacional y la ubicación de los colmenares se perfilan como los desafíos críticos para una actividad que, desde la época guanche, ha sido un pilar fundamental para el mantenimiento del paisaje y la biodiversidad de Tenerife.