La Guardia Civil intensifica el control de la distancia de seguridad con ciclistas en las carreteras de Tenerife
La Guardia Civil intensifica la vigilancia en las carreteras de Tenerife para garantizar la distancia mínima de 1,5 metros en los adelantamientos a ciclistas, recordando que su incumplimiento conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carné.
La seguridad vial en las carreteras secundarias de Tenerife ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras las recientes advertencias emitidas por la Guardia Civil, tal y como recoge la información difundida sobre la vigilancia del tráfico en la isla. El incremento de la movilidad ciclista, impulsado por las condiciones meteorológicas favorables, ha llevado a las autoridades a intensificar la pedagogía y el control sobre las maniobras de adelantamiento, una de las causas principales de siniestralidad en el ámbito rural y periurbano.
El eje de esta campaña de concienciación reside en la señalización S-891, un distintivo complementario que se ubica bajo las señales verticales convencionales. Su función es actuar como recordatorio permanente de la obligatoriedad de mantener un margen de separación lateral suficiente al rebasar a usuarios vulnerables. En este sentido, el Reglamento General de Circulación es taxativo: al efectuar un adelantamiento a un ciclista o a un grupo de ellos, el conductor debe garantizar una distancia mínima de 1,5 metros. En el caso de pelotones, esta medida debe tomarse respecto al ciclista que circule más desplazado hacia el centro de la calzada.
El incumplimiento de esta norma no solo compromete la integridad física de los deportistas y usuarios de movilidad sostenible, sino que conlleva consecuencias administrativas severas. La Dirección General de Tráfico (DGT) clasifica esta conducta como una infracción grave, cuya sanción económica asciende a 200 euros, además de la detracción de seis puntos del permiso de conducir.
Más allá del componente sancionador, el organismo estatal subraya que el objetivo último de estas medidas es la pacificación del tráfico y la convivencia entre vehículos a motor y bicicletas. La siniestralidad vial sigue siendo un desafío estructural en España, y la protección de los colectivos más expuestos en la vía pública se ha convertido en una prioridad estratégica para reducir las cifras de mortalidad, especialmente en entornos donde la convivencia entre diferentes modos de transporte es constante y, en ocasiones, conflictiva.