La DGT intensifica la vigilancia a ciclistas en Tenerife ante el desconocimiento de las normas de tráfico
La DGT intensifica la vigilancia en Tenerife ante el aumento de infracciones de ciclistas que desconocen la normativa de tráfico, recordando que el incumplimiento de las normas básicas conlleva multas de hasta 200 euros.
El auge de la movilidad sostenible en Tenerife ha traído consigo un incremento notable en el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, una tendencia que, sin embargo, ha puesto de manifiesto un preocupante desconocimiento de las normas de tráfico por parte de los usuarios. Tal y como recoge la Dirección General de Tráfico (DGT), esta falta de familiaridad con el Reglamento General de Circulación no solo compromete la integridad física de los ciclistas, sino que altera la convivencia vial en los entornos urbanos.
El marco normativo vigente otorga a la bicicleta la consideración legal de vehículo, lo que implica que sus conductores están sujetos a obligaciones específicas que, de ser ignoradas, derivan en sanciones económicas de 200 euros. Uno de los puntos de mayor fricción es el cruce de pasos de peatones: la normativa es taxativa al prohibir el tránsito sobre el sillín en estas zonas. Para gozar de la preferencia de paso, el ciclista debe descender del vehículo y completar el cruce a pie, salvo que exista una señalización específica que autorice lo contrario.
La seguridad pasiva y la atención al volante son otros pilares que la DGT busca reforzar mediante la vigilancia activa. El uso del casco homologado, cuya obligatoriedad se ha extendido a todos los perfiles de edad, se erige como el elemento de protección fundamental para mitigar las consecuencias de posibles accidentes. Asimismo, el organismo regulador mantiene una política de tolerancia cero frente a las distracciones al manillar: el empleo de teléfonos móviles o auriculares durante la conducción está estrictamente prohibido, al reducir drásticamente la capacidad de reacción ante imprevistos.
La recurrencia de estas infracciones en las ciudades canarias ha motivado que las autoridades intensifiquen la vigilancia, recordando que el incumplimiento de estos preceptos —tipificados como graves en el artículo 64.5 del Reglamento— conlleva multas que alcanzan los 200 euros. En un contexto donde el espacio público es compartido por peatones, ciclistas y vehículos a motor, el cumplimiento estricto de estas directrices se presenta como la única vía para reducir la siniestralidad y garantizar una movilidad urbana segura y ordenada.