Arona ordena el desalojo de un asentamiento en el sur de Tenerife ante la crisis habitacional
El Ayuntamiento de Arona ha ordenado el desalojo de 94 personas tras una macrooperación en el asentamiento de Los Vivitos, evidenciando la grave crisis habitacional que empuja a familias trabajadoras a vivir en asentamientos informales ante la falta de vivienda asequible en el sur de Tenerife.
La crisis habitacional que atraviesa el archipiélago canario ha alcanzado un punto de inflexión crítico en el sur de Tenerife, donde la proliferación de asentamientos informales se ha consolidado como una respuesta desesperada ante la imposibilidad de acceder al mercado residencial convencional. Tal y como recoge un reciente informe de Cáritas, el municipio de Arona se sitúa como el segundo enclave más afectado por el fenómeno del sinhogarismo en la isla, una realidad que ha quedado patente tras la reciente intervención de las fuerzas de seguridad en el asentamiento de Los Vivitos.
La macrooperación, ejecutada el pasado martes en una zona de suelo rústico situada entre Buzanada y Guaza, ha puesto de relieve la complejidad de un problema que trasciende la mera ocupación de terrenos. Durante el despliegue, los agentes inspeccionaron 64 estructuras y procedieron al precinto de 17 edificaciones, notificando a las 94 personas identificadas en el lugar un plazo de tres meses para el desalojo. Este operativo, el de mayor envergadura realizado hasta la fecha en este punto, responde a la estrategia del consistorio local por frenar la expansión de estos núcleos, que ya se han extendido por enclaves como El Fraile, Costa del Silencio, Las Galletas, Lomo Negro y Guaza.
El escenario en Los Vivitos revela una paradoja social: la convivencia de construcciones precarias con infraestructuras que incluyen sistemas de videovigilancia, placas solares y suministros de agua, evidenciando que el asentamiento no es un fenómeno coyuntural, sino una solución habitacional permanente para familias trabajadoras. Testimonios recabados en la zona ilustran el proceso de exclusión: hogares que, tras sufrir incrementos abusivos en sus alquileres o no poder cumplir con las exigencias de las inmobiliarias, han terminado en este suelo rústico. En algunos casos, el coste de mantenimiento de estos habitáculos —mediante generadores eléctricos y otros servicios improvisados— supone una carga económica adicional para familias que, pese a contar con empleo, se ven desplazadas del mercado formal.
La situación se agrava ante la sospecha de una incipiente especulación con las parcelas, mientras que los residentes estiman que la población real del asentamiento podría oscilar entre las 200 y 300 personas. Este crecimiento acelerado, sumado a la precariedad de las condiciones de vida —marcadas por la falta de servicios básicos y la exposición a factores climáticos adversos—, subraya la urgencia de un debate estructural sobre la regulación del alquiler. Mientras las administraciones intensifican las medidas de control y desalojo, los afectados insisten en que la raíz del conflicto no es la voluntad de ocupar, sino la ausencia de alternativas asequibles en un mercado inmobiliario tensionado que, lejos de estabilizarse, continúa expulsando a sectores vulnerables de la población hacia la periferia de la legalidad.