El Cabildo de Tenerife sanciona a un turista por difundir actividades prohibidas en el Parque Rural de Teno

La fragilidad de los ecosistemas insulares frente al fenómeno del turismo de exhibición ha vuelto a quedar patente tras la reciente intervención de la Unidad de Vigilancia Ambiental Digital (UVAD) del Cabildo de Tenerife. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, este organismo especializado ha iniciado un expediente sancionador contra un ciudadano extranjero que documentó y difundió, a través de sus perfiles en redes sociales, diversas actividades prohibidas en el interior del Parque Rural de Teno.

El caso, que ha generado un notable rechazo entre la comunidad científica y los colectivos conservacionistas locales, pone de relieve la creciente dificultad para proteger espacios de alto valor ecológico ante la proliferación de conductas que, bajo la apariencia de una aventura personal, vulneran la normativa ambiental vigente. El individuo, que se encontraba realizando un tránsito por la isla tras una estancia previa en Marruecos, utilizó plataformas digitales para exhibir tanto pernoctaciones no autorizadas como la ignición de fuegos en áreas donde el riesgo de incendio forestal es una preocupación constante para las autoridades insulares.

La actuación de la UVAD, creada el pasado año con el objetivo de monitorizar infracciones medioambientales expuestas en el entorno digital, ha permitido identificar al responsable y recopilar el material probatorio necesario para sustentar la apertura de un procedimiento administrativo. Las sanciones previstas para este tipo de comportamientos podrían superar el millar de euros, una cuantía que se ajustará en función de la evaluación técnica sobre el impacto causado en el terreno.

La relevancia de este suceso trasciende la anécdota, al incidir sobre un espacio protegido de especial sensibilidad. El macizo de Teno, clasificado bajo la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias, constituye un enclave de biodiversidad crítica, albergando especies endémicas como el lagarto moteado (Gallotia intermedia) y extensas formaciones de laurisilva. Su estatus como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) subraya la incompatibilidad de actividades como la acampada libre o el uso de fuego con la preservación de su equilibrio biológico.

La denuncia pública de estos hechos, impulsada inicialmente por voces del ámbito de la divulgación científica en Canarias, como el biólogo marino Pedro Martín, ha servido de catalizador para un debate más amplio sobre la eficacia de la actual legislación sancionadora. Mientras la UVAD continúa con la instrucción del expediente, el caso se suma a la lista de retos que afronta la gestión de los recursos naturales en Tenerife, donde la vigilancia física se ve ahora complementada por una labor de rastreo digital orientada a disuadir a quienes, mediante la exposición pública de sus infracciones, ponen en riesgo la integridad de los parajes protegidos de la isla.