Investigan un caso de maltrato animal tras hallar a una cabra herida en un contenedor en Candelaria
Las autoridades de Candelaria, en Tenerife, investigan el hallazgo de una cría de cabra en estado crítico tras ser abandonada en un contenedor de basura, un suceso que las autoridades califican como un grave delito de maltrato animal.
La reciente reforma del Código Penal en España, que ha endurecido significativamente las penas contra el maltrato animal, se enfrenta a un nuevo desafío tras el hallazgo de un ejemplar caprino en el municipio tinerfeño de Candelaria. Tal y como ha informado el consistorio local, el animal fue localizado en el interior de un contenedor de residuos en la zona de Las Cuevecitas, presentando un estado de salud crítico derivado de una agresión deliberada.
El suceso, que ha movilizado a las autoridades municipales, pone de relieve la importancia de la vigilancia ciudadana en la detección de delitos contra la fauna doméstica y de granja. La intervención de los servicios de emergencia fue posible gracias a la alerta de varios vecinos, quienes detectaron los sonidos emitidos por la cría mientras se encontraba atrapada. Tras el rescate, el animal fue trasladado a un centro veterinario, donde permanece bajo cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Desde la administración local han calificado el episodio como un hecho de extrema gravedad, subrayando que este tipo de comportamientos no solo contravienen la normativa vigente de bienestar animal, sino que son constitutivos de delito. En este sentido, el Ayuntamiento ha instado a cualquier persona que posea información relevante sobre los responsables de este abandono a ponerse en contacto con la Policía Local, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del suceso y depurar las responsabilidades penales correspondientes.
Este incidente se produce en un contexto donde las instituciones insulares buscan reforzar la concienciación social contra el maltrato. El equipo de gobierno ha aprovechado la ocasión para recordar que la legislación española contempla sanciones privativas de libertad y multas económicas severas para quienes ejerzan violencia contra los animales. Asimismo, han hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva, insistiendo en que la colaboración vecinal resulta indispensable para erradicar este tipo de conductas delictivas en el archipiélago.