Adeje lanza un plan conjunto para erradicar los asentamientos irregulares en su litoral
El Ayuntamiento de Adeje, en coordinación con el Gobierno de Canarias, ha iniciado una estrategia para desmantelar asentamientos irregulares y frenar el alquiler ilícito en zonas protegidas del litoral tinerfeño.
La proliferación de asentamientos irregulares en el litoral de Adeje ha forzado al consistorio tinerfeño a articular una estrategia de intervención coordinada con las autoridades autonómicas y los cuerpos de seguridad. Según ha trascendido a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, la administración local busca poner freno a una problemática que ha mutado desde el uso residencial esporádico hacia un mercado de arrendamientos ilícitos, incluyendo el alquiler vacacional, en enclaves como El Puertito, La Caleta, El Valito, Llano Negro y Las Moreras.
El diagnóstico municipal, expuesto por la concejal de Seguridad, Mercedes Vargas, tras una cumbre técnica con representantes de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (APMUM) y las fuerzas de seguridad, subraya que la degradación del entorno no es solo una cuestión de ordenamiento urbanístico. La acumulación de residuos y los vertidos de aguas residuales han elevado la alerta sanitaria y medioambiental, obligando a las autoridades a diseñar una hoja de ruta que combine la legalidad administrativa con la eficacia operativa.
Desde la perspectiva jurídica, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha aclarado que, si bien la gestión integral de estos núcleos recae en la esfera municipal, el organismo autonómico mantiene su potestad para incoar expedientes sancionadores y de restablecimiento de la legalidad de forma individualizada. Asimismo, la Agencia ha puesto a disposición del Ayuntamiento la argumentación necesaria para actuar de oficio contra los titulares de los terrenos por la gestión negligente de los residuos, ofreciendo además su colaboración en las zonas de servidumbre marítimo-terrestre.
El equipo de gobierno local, bajo la dirección de las áreas de Urbanismo y Bienestar Comunitario, ha enfatizado que la mayoría de los ocupantes no se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Manuel Luis Méndez, responsable de Urbanismo, ha señalado que el perfil predominante responde a segundas residencias o estilos de vida alternativos, lo que permite trazar un paralelismo con el precedente de Diego Hernández, donde una labor previa de notificación y mediación facilitó el desalojo con un impacto social mínimo. En este sentido, la concejal de Cohesión Social, Raquel Rodríguez, ha confirmado que los servicios municipales tienen identificados a los ocupantes y que solo una minoría requerirá atención específica por parte de los servicios sociales.
El procedimiento administrativo que se pondrá en marcha se basará en la apertura de expedientes individualizados conforme a la Ley del Suelo, garantizando así la seguridad jurídica de cada actuación. El objetivo final de esta alianza entre el Ayuntamiento y la administración autonómica es agilizar la identificación de los infractores y coordinar de manera simultánea las notificaciones, estableciendo cauces de comunicación directa que permitan recuperar el control sobre el suelo rústico y protegido del municipio.