El Cabildo de Tenerife inicia la rehabilitación del Auditorio con un presupuesto de 17,6 millones
El Cabildo de Tenerife inicia la exposición pública del proyecto de rehabilitación del Auditorio, valorado en 17,6 millones de euros, con el objetivo de comenzar en septiembre las obras para reparar el revestimiento cerámico y solucionar las filtraciones del edificio.
La resolución del prolongado conflicto arquitectónico que afecta al Auditorio de Tenerife encara su fase definitiva. Según la información publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, el Cabildo ha iniciado el periodo de exposición pública del proyecto técnico redactado por Santiago Calatrava, un documento que marca el punto de partida para la rehabilitación del revestimiento cerámico del inmueble. La hoja de ruta trazada por la corporación insular contempla que, tras superar los trámites de contratación, las obras comiencen el próximo mes de septiembre, con un plazo de ejecución estimado de 32 meses.
La intervención, presupuestada en 17,6 millones de euros —incluyendo impuestos—, busca subsanar las patologías detectadas en el trencadís y las filtraciones de agua que han comprometido la integridad de la estructura desde 2017. Este paso administrativo responde a la recomendación judicial de buscar una salida pactada entre el Cabildo, el arquitecto y las constructoras (Acciona y Dragados), evitando así que el litigio, que ya suma cerca de 70.000 folios, se prolongue indefinidamente mientras el deterioro del edificio continúa su curso. Mientras se formaliza la licitación, la institución mantiene los protocolos de seguridad en la plaza de Los Alisios para prevenir riesgos por posibles desprendimientos.
El debate político, sin embargo, se mantiene vivo. El Grupo Socialista en el Cabildo ha cuestionado la gestión de los plazos, señalando que la presentación del proyecto llega con un retraso de dos años respecto a las exigencias planteadas en 2022. Asimismo, el portavoz del PSOE, Aarón Afonso, ha puesto el foco en la disparidad de las cifras económicas: mientras el proyecto actual cifra la inversión en 16,48 millones de euros (sin IGIC), informes técnicos previos de la Hacienda insular elevaron la reclamación hasta los 24 millones al computar el lucro cesante derivado de un eventual cierre del recinto.
La incertidumbre sobre quién asumirá finalmente el coste de estas actuaciones —si la administración pública o los responsables de la obra original— sigue siendo el eje central de la controversia. El vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, ha subrayado que la prioridad actual es encauzar la ejecución material de la obra bajo las directrices del juzgado, manteniendo la autoría intelectual de Calatrava como un activo para la institución. Si durante los próximos 20 días no se presentan alegaciones al proyecto expuesto, el Cabildo procederá a la licitación de la dirección de obra, un paso crítico para garantizar la conservación de uno de los iconos arquitectónicos más significativos de Canarias.