Arquitectos de Tenerife lanzan servicio de licencias y denuncian contratos directos.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) ha activado un nuevo servicio de emisión de informes técnicos de conformidad, una iniciativa que busca optimizar la gestión de licencias urbanísticas en las islas. Esta herramienta, contemplada en el Decreto Ley 3/2025 del 21 de abril, se presenta como un mecanismo para acelerar los expedientes y reducir los plazos administrativos, un aspecto crucial en el actual contexto de demoras y la acuciante necesidad de vivienda.

La oficina, ubicada en las dependencias del COA, estará disponible para administraciones públicas, promotores y ciudadanos. Para su funcionamiento, la institución ha conformado un equipo especializado que ofrecerá soporte técnico y un marco de trabajo orientado a la eficiencia. El secretario del COA, Víctor Acosta, ha subrayado la relevancia de este servicio, vinculándolo directamente a la emergencia habitacional que afronta la sociedad, y ha enfatizado la necesidad de procedimientos ágiles, profesionales y conformes a la legalidad.

Más allá de la implementación de este servicio, el COA ha manifestado su intención de desarrollar una campaña informativa dirigida al personal de las distintas administraciones. El objetivo es explicar el funcionamiento y las características de la nueva oficina, promoviendo la colaboración interinstitucional bajo principios de transparencia y seguridad jurídica. En este sentido, el Colegio ha iniciado ya encuentros con grupos parlamentarios canarios para detallar el alcance del decreto y la articulación del servicio, con planes de extender estas reuniones a otros representantes políticos y municipales. Acosta ha insistido en la responsabilidad del Colegio, como corporación de derecho público, de facilitar el entendimiento y la cooperación con las administraciones para desbloquear asuntos que impactan directamente en la ciudadanía.

Paralelamente a esta medida de agilización, el Colegio de Arquitectos ha intensificado su defensa de la profesión frente a lo que considera un uso desproporcionado de la contratación directa por parte de las administraciones públicas a sus "medios propios". Esta práctica, que ha pasado de ser excepcional a habitual en los últimos años, ha generado preocupación por su impacto en la libre concurrencia y en el entorno profesional de Canarias.

Las acciones legales emprendidas por el equipo jurídico del COA han resultado en dos sentencias que cuestionan esta modalidad de contratación, al confirmar la exigencia de una motivación clara, objetiva y acreditada para recurrir a encargos directos. Los fallos judiciales se refieren específicamente a contratos directos realizados por los ayuntamientos de Candelaria y Arafo con la empresa pública Gesplan.

María Nieves Febles, decana del Colegio, ha valorado estos pronunciamientos judiciales como una confirmación de la postura de la institución, que lleva años alertando sobre el uso indiscriminado de la figura de los "medios propios", cuya regulación original era muy específica. Desde el COA, estas resoluciones se interpretan como un estímulo para visibilizar dos inquietudes fundamentales: la calidad de los servicios y el fomento del emprendimiento en la profesión. La decana ha argumentado que la libre concurrencia garantiza un control de calidad superior, mientras que las adjudicaciones directas quedan sujetas a decisiones discrecionales, lo que, además, podría comprometer la planificación de un territorio tan diverso como el canario al imponer criterios homogéneos.

En el ámbito del emprendimiento, el Colegio alerta de que la persistencia de esta práctica está erosionando la estructura de empresas de arquitectos, con un grave perjuicio para el futuro de la profesión. La institución ha señalado el cierre de despachos y la escasez de profesionales como consecuencias directas, reafirmando su compromiso de enfrentar una situación que califica de injusta.