El Cabildo de Tenerife aprueba el marco para su nueva red de 71 estaciones de carga eléctrica
El Cabildo de Tenerife ha aprobado el marco normativo y la memoria económica para poner en marcha una red pública de 71 estaciones de carga eléctrica que cubrirá todo el territorio insular.
La apuesta del Cabildo de Tenerife por la electrificación del parque móvil insular ha dado un paso decisivo con la reciente aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de la memoria económica y el marco normativo que regirá su red de carga pública. Tal y como recoge la información oficial, el proyecto contempla la puesta en marcha de 71 estaciones con capacidad para abastecer simultáneamente a 143 vehículos, una infraestructura que busca eliminar la incertidumbre sobre la autonomía como principal barrera para la adopción del coche eléctrico en el archipiélago.
Este despliegue, financiado parcialmente a través de los fondos europeos Next Generation EU —en el marco de los planes de sostenibilidad turística y las líneas MOVES—, responde a una estrategia de capilaridad territorial. La red no se circunscribe únicamente a los grandes núcleos urbanos, sino que integra puntos en zonas turísticas, áreas metropolitanas y municipios rurales como El Tanque o Vilaflor de Chasna. De la cifra total de cargadores, 37 han sido instalados directamente por la corporación insular, mientras que los 34 restantes se han sumado mediante convenios de colaboración con diversas administraciones locales.
Desde una perspectiva técnica, la infraestructura destaca por su heterogeneidad, con potencias que oscilan entre los 22 kilovatios y los 150 kilovatios, permitiendo así una adaptación a las distintas necesidades de carga de los usuarios. La gestión de este servicio se articulará mediante una concesión administrativa en régimen de libre concurrencia, un modelo que, según los estudios de viabilidad, permitirá la operatividad del sistema sin requerir inyecciones presupuestarias adicionales por parte del Cabildo.
El reglamento, que iniciará ahora un periodo de exposición pública de 30 días antes de su ratificación definitiva en el pleno —prevista para el próximo otoño—, introduce un marco de derechos y deberes para los conductores. La normativa pone especial énfasis en la rotación de los vehículos, estableciendo la obligatoriedad de retirar el automóvil una vez finalizado el proceso de carga y reservando las plazas exclusivamente para este fin. Esta regulación busca evitar el uso ineficiente de los espacios y garantizar que el servicio cumpla con su propósito de facilitar la transición energética en toda la isla.
La implementación de esta red es, en última instancia, una respuesta a la necesidad de dotar a Tenerife de una infraestructura pública robusta y regulada. Con la supervisión de la presidenta insular, Rosa Dávila, el proyecto se perfila como un elemento clave para integrar la movilidad sostenible tanto en la vida cotidiana de los residentes como en la experiencia de los visitantes, consolidando una red que, bajo criterios de seguridad vial y accesibilidad, pretende normalizar el uso del vehículo eléctrico en un territorio con una orografía y una demanda turística singulares.