Tenerife aprueba convenio de Dependencia con 692 M€ y 569 nuevas plazas.
El Cabildo de Tenerife aprueba un nuevo convenio de Dependencia con el Gobierno de Canarias que invertirá 692 millones de euros hasta 2028 para mejorar la atención y aumentar 569 plazas sociosanitarias.
Por fin, parece que hay buenas noticias. Casi un año después de que el anterior convenio de Dependencia caducara (esto ocurrió a finales de 2023), el Cabildo de Tenerife ha aprobado un nuevo acuerdo con el Gobierno de Canarias. Este pacto busca mejorar la atención a las personas que necesitan apoyo por su edad, discapacidad o enfermedad.
Este nuevo plan, que aún necesita la firma del Gobierno de Canarias para ponerse en marcha, permitirá aumentar las plazas en los servicios sociosanitarios hasta un total de 569.
Según el Cabildo, este acuerdo es un gran avance respecto a los anteriores. Contempla una inversión de 692 millones de euros hasta 2028. De esta cantidad, el Cabildo aportará 202 millones (el 29%), y estos fondos se aplicarán de forma retroactiva desde 2025 una vez que se firme el documento.
Águeda Fumero (PP), consejera insular de Acción Social, ha destacado que "es el acuerdo más importante del mandato en materia social y garantizará la estabilidad del sistema de Dependencia en Tenerife hasta 2028". Fumero también explicó que el precio por plaza aumentará progresivamente entre 2025 y 2028. Por ejemplo, en la atención residencial a personas mayores con grandes necesidades, el coste pasará de 86 euros por plaza en 2024 a 106,39 euros en 2028, con una subida inicial a 94,06 euros en 2025.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, celebró la aprobación, subrayando "el compromiso de este Cabildo y del Gobierno de Canarias con las personas dependientes" y "el esfuerzo de los equipos que han trabajado intensamente para actualizar este convenio".
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las críticas de la oposición durante los últimos meses. El PSOE, por ejemplo, ya alertaba en junio sobre la "asfixia económica" que sufrían las entidades sociales (residencias, centros de día, etc.) que gestionan estos servicios. Al no haber un convenio vigente, el Cabildo no podía realizar los pagos con normalidad, acumulando facturas pendientes. Además, es importante recordar que Canarias ha estado en los últimos años entre las comunidades autónomas con peor aplicación de la ley de dependencia en España.