El Gobierno autoriza la central hidroeléctrica de Güímar para impulsar la descarbonización de Tenerife
El Gobierno central ha autorizado la construcción de la central hidroeléctrica de Güímar en Tenerife, una infraestructura clave de 1.000 millones de euros que reforzará la estabilidad eléctrica y la descarbonización del archipiélago canario.
La transición energética en el archipiélago canario afronta un punto de inflexión con la luz verde del Consejo de Ministros a la central hidroeléctrica de Güímar, en Tenerife. Tal y como ha adelantado Diario de Avisos, el Ejecutivo central ha determinado que esta infraestructura pase a ser gestionada por el operador del sistema, consolidando una pieza fundamental para la estabilidad eléctrica de Tenerife y La Gomera, cuyos sistemas se encuentran interconectados desde el pasado mes de julio.
El proyecto, cuya inversión asciende a más de 1.000 millones de euros, se perfila como un pilar para la descarbonización de las islas, replicando el modelo de almacenamiento a gran escala que ya se ejecuta en Gran Canaria con el Salto de Chira-Soria. La planta de Güímar, con una capacidad de 200 megavatios y un almacenamiento de 3.200 megavatios hora —equivalente a un tercio del consumo diario insular—, operará mediante un sistema de bombeo: el agua será elevada a una balsa superior durante los periodos de excedente renovable para ser turbinada en momentos de alta demanda.
Más allá de la capacidad técnica, la elección de los barrancos de Güímar responde a una estrategia de recuperación de suelos degradados por la actividad extractiva previa, tras un análisis que evaluó más de 60 emplazamientos posibles. Se estima que la central, con una vida útil superior a los 75 años, generará un ahorro anual de 200 millones de euros en costes energéticos para el sistema canario, permitiendo una amortización acelerada de la inversión inicial.
Este movimiento se enmarca en una hoja de ruta más amplia del Ministerio para la Transición Ecológica, que busca blindar la seguridad del suministro frente a la intermitencia de las fuentes limpias. En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma normativa para adaptar la retribución de las energías renovables en las islas, abandonando la referencia al mercado peninsular en favor de una media móvil anual que aporte mayor certidumbre a los inversores. Asimismo, se tramita un concurso de potencia firme de 820,5 megavatios —de los cuales 707,5 se asignarán a Canarias con horizonte 2031—, priorizando la modernización de las centrales existentes al penalizar aquellas con más de cuatro décadas de antigüedad.
La arquitectura legal que sustenta estos cambios se apoya en los recientes Reales Decretos-ley 7/2026 y 18/2026. Estas normas no solo agilizan la creación de zonas de aceleración renovable, sino que habilitan el despliegue de baterías en sistemas aislados, una medida crítica para evitar apagones en islas de menor tamaño, como La Palma, y garantizar la resiliencia de una red que aspira a un modelo de generación cien por cien renovable.