Adepac convoca movilizaciones ante la crisis y el bloqueo institucional del refugio de Ravelo en Tenerife
La asociación Adepac ha convocado una movilización frente al Cabildo de Tenerife para el 22 de marzo ante la falta de financiación y las graves deficiencias estructurales que amenazan la continuidad del refugio de animales de Ravelo.
La parálisis administrativa que afecta a la gestión de los centros de acogida de animales en Tenerife ha alcanzado un punto de inflexión. Tal y como ha comunicado la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales en Canarias (Adepac), la entidad ha decidido retomar las movilizaciones ciudadanas ante la falta de entendimiento con el Cabildo de Tenerife respecto a la financiación y las reformas estructurales del refugio ubicado en Ravelo, en el municipio de El Sauzal.
El conflicto, que pone en entredicho el sustento de unos 300 perros, se centra en el incumplimiento de los acuerdos presupuestarios y el retraso sistemático en las obras de mejora de las instalaciones. Según la organización, esta situación de bloqueo institucional no solo compromete la operatividad diaria del centro —afectando al suministro de alimentos y a la atención veterinaria básica—, sino que también ha derivado en un deterioro progresivo de las condiciones de habitabilidad. La protectora ha señalado que la ausencia de sistemas de climatización y las deficiencias en la red de saneamiento están exponiendo a los animales a riesgos sanitarios, incluyendo patologías respiratorias y enfermedades parasitarias como la filaria.
Este escenario de incertidumbre ha llevado a la asociación a convocar una concentración frente a la sede del Cabildo insular para el próximo 22 de marzo a las 12:00 horas. El objetivo de la protesta es forzar una rectificación por parte del equipo de gobierno (CC-PP) y exigir que se asuman las responsabilidades éticas y jurídicas derivadas de los convenios suscritos.
Desde una perspectiva de gestión pública, el caso de Adepac ilustra la tensión recurrente entre las entidades del tercer sector y las administraciones locales en la aplicación de la Ley de Bienestar Animal. La falta de una ejecución presupuestaria ágil en este ámbito no solo genera una crisis de supervivencia para los ejemplares acogidos, sino que traslada a la sociedad civil la carga de una responsabilidad que, por ley, debe ser compartida con las instituciones. La movilización busca, en última instancia, que la salud pública y la protección animal dejen de estar supeditadas a la burocracia, garantizando la viabilidad de un refugio que, de no mediar una solución inmediata, se enfrenta a un escenario de cierre técnico.