Tenerife y La Palma exigen al Estado el desbloqueo urgente del Centro Nacional de Vulcanología
Los Cabildos de Tenerife y La Palma exigen al Gobierno central el desbloqueo y la financiación íntegra del Centro Nacional de Vulcanología ante los retrasos y recortes presupuestarios que amenazan su puesta en marcha.
La alianza institucional entre Tenerife y La Palma ha cobrado un nuevo impulso ante lo que ambas administraciones califican como un estancamiento injustificado por parte del Estado. Según ha trascendido recientemente, el Cabildo de Tenerife ha cerrado filas con la corporación palmera para exigir al Ejecutivo central que desbloquee la puesta en marcha del Centro Nacional de Vulcanología (CNV), un proyecto que, tras los compromisos adquiridos a raíz de la crisis volcánica de 2021, se enfrenta ahora a una preocupante incertidumbre administrativa y presupuestaria.
El núcleo del conflicto reside en la falta de formalización del convenio definitivo entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Gobierno autonómico. A este retraso en la rúbrica se suma una reducción significativa en la partida económica prevista, que habría pasado de los cinco millones de euros inicialmente proyectados a una cifra de 2,9 millones. Para la presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, esta merma financiera y la dilación en los plazos ponen en riesgo la operatividad de una infraestructura que, lejos de ser una cuestión burocrática, constituye un pilar fundamental para la seguridad y la prevención de riesgos en el Archipiélago.
La arquitectura del proyecto, tal y como fue consensuada en diciembre de 2025 por el Consejo de Ministros, establecía un modelo de corresponsabilidad territorial. Bajo este esquema, La Palma asumiría la sede física del consorcio, aprovechando su experiencia directa tras la erupción del Tajogaite, mientras que Tenerife aportaría su robusto ecosistema de investigación y recursos técnicos. Esta distribución no solo responde a una lógica de descentralización científica, sino que busca integrar la capacidad operativa sobre el terreno con el conocimiento académico acumulado en las instituciones tinerfeñas.
Desde el Cabildo de Tenerife se ha lanzado una advertencia clara: cualquier intento de recentralizar la dirección científica o de desvirtuar el alcance original del centro sería interpretado como un retroceso para la capacidad de respuesta de Canarias ante su propia realidad geológica. La postura de las islas es unánime al considerar que la gestión de riesgos volcánicos requiere una proximidad que solo puede garantizarse si se respetan los acuerdos previos.
La urgencia de este reclamo subraya la lección aprendida durante la emergencia de 2021, donde la coordinación entre los distintos niveles de la administración y la comunidad científica resultó determinante. En este contexto, las autoridades insulares insisten en que el Estado debe cumplir con los compromisos adquiridos, validando así la solvencia técnica que el Archipiélago ha demostrado en la monitorización y el estudio de los fenómenos volcánicos. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio, cuya respuesta definirá si el CNV se consolida como un referente nacional o si, por el contrario, queda supeditado a las restricciones presupuestarias y a la parálisis administrativa.