Tenerife impulsa la central hidroeléctrica de Güímar para blindar su transición energética
El Cabildo de Tenerife y Red Eléctrica impulsarán antes de final de semestre la central hidroeléctrica de bombeo del Barranco de Badajoz, un proyecto estratégico de más de 1.000 millones de euros que busca garantizar la estabilidad energética y regenerar una zona degradada.
La transición energética de Tenerife encara una fase decisiva con el impulso definitivo a la central hidroeléctrica de bombeo proyectada en el Barranco de Badajoz, en Güímar. Según ha trascendido tras el encuentro mantenido esta semana entre el Cabildo insular y Red Eléctrica de España, la hoja de ruta administrativa para esta infraestructura estratégica se activará antes de que finalice el próximo semestre. El objetivo de este calendario es obtener la orden ministerial del Ministerio para la Transición Ecológica, paso indispensable para iniciar la redacción técnica y el posterior despliegue constructivo de la planta.
Esta instalación, concebida como una gran batería de almacenamiento energético, representa una pieza angular en la estrategia de la corporación insular para blindar la estabilidad del suministro eléctrico. Con una potencia superior a los 200 megavatios, el proyecto se integra en un ecosistema de soluciones —que incluye la repotenciación de los aerogeneradores del ITER y sistemas de protección contra cortes de suministro— diseñado para alcanzar una capacidad de almacenamiento de 3.200 megavatios. Esta cifra equivale, aproximadamente, a un tercio de la demanda diaria de la isla, lo que permitiría reducir drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en la integración de fuentes renovables.
El emplazamiento elegido no es baladí. La central se ubicará en un entorno marcado por la actividad extractiva ilegal de áridos, aprovechando dos de las canteras existentes junto a la TF-1 y la TF-28. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha confirmado que el litigio judicial que pesaba sobre estos terrenos se encamina hacia su resolución definitiva, ya que los responsables de la extracción ilícita han aceptado la sentencia firme que les obliga a indemnizar con 185 millones de euros. Este desenlace permite al Cabildo presentar el proyecto no solo como una necesidad energética, sino como una oportunidad de regeneración paisajística para una zona degradada.
La envergadura de la inversión, que supera los 1.000 millones de euros, subraya la relevancia de esta obra en el marco de la descarbonización del archipiélago. Aunque el Ministerio ya inició los trámites formales el pasado 26 de febrero tras validar la justificación técnica presentada por el operador del sistema, el camino por recorrer sigue siendo complejo. Una vez se dicte la orden ministerial, se deberá proceder a la redacción del estudio de impacto ambiental, un proceso que, sumado a la ejecución de las obras, sitúa el horizonte temporal de finalización entre los seis y ocho años.
Este proyecto se enmarca en un contexto de mayor exigencia regulatoria y técnica, donde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno de Canarias deberán emitir los informes preceptivos antes de que el Ejecutivo central dé luz verde definitiva. Con esta iniciativa, Tenerife busca mitigar los riesgos de su sistema eléctrico aislado, apostando por una infraestructura de almacenamiento reversible que, a largo plazo, pretende transformar el modelo energético insular hacia estándares de mayor sostenibilidad y resiliencia.