Agentes y sindicatos denuncian "invasión de competencias" en el Teide
Agentes forestales, medioambientales y sindicatos cuestionan la legalidad del despliegue de guardias rurales en el Parque Nacional del Teide, al considerarlo una invasión de competencias públicas.
La Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan), en una acción conjunta con diversas organizaciones sindicales y representantes de policías locales, ha puesto en cuestión la legalidad del despliegue de dieciséis guardias rurales en el Parque Nacional del Teide. Según ha trascendido, el colectivo considera que esta medida constituye una invasión de competencias públicas, una postura que fue comunicada formalmente a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, mediante un documento registrado la semana pasada.
Los firmantes del escrito, que incluyen a CCOO, CGT, Sepca, UGT, CSIF e Intersindical Canarias, así como delegados de las policías locales de los municipios con presencia en el Parque, argumentan que la contratación de personal de seguridad privada para labores de vigilancia y control en este espacio natural protegido carece de amparo legal. Subrayan que el Parque Nacional del Teide no se corresponde con la tipología de finca rústica, explotación agraria o coto de caza, condiciones que la normativa exige para la intervención de guardas rurales. Además, señalan que la Ley de Seguridad Privada no otorga a estos profesionales la capacidad de ejercer funciones de vigilancia y control en parques nacionales.
Afmacan y los sindicatos han detectado que los guardias rurales estarían asumiendo atribuciones propias de agentes de la autoridad, como la regulación del tráfico o la tramitación de denuncias relacionadas con la circulación, presentándose con una apariencia que podría inducir a error. Esta situación, a su juicio, no solo representa una usurpación de funciones públicas, sino también una vulneración del artículo 87.2 de la Ley de Seguridad Vial, que delimita las competencias en materia de tráfico.
Desde la asociación, que agrupa a agentes forestales y de Medio Ambiente de todas las administraciones públicas del Archipiélago, se insiste en que las tareas de vigilancia, custodia y control ambiental en el Parque Nacional del Teide deben ser responsabilidad exclusiva de funcionarios públicos debidamente habilitados, como los Agentes Forestales y Medioambientales. Proponen, en su lugar, la implementación de modelos de gestión de acceso a senderos que se centren en la información, orientación y control de aforos, siempre dentro del marco legal vigente y sin invadir las competencias de los agentes de Medio Ambiente y las policías locales.
La controversia, que ha sido objeto de varias reuniones entre Afmacan y representantes del Cabildo de Tenerife, podría derivar en una situación de inseguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para la propia Administración. Ante este escenario, algunos de los colectivos implicados no descartan recurrir a la vía judicial para impugnar la medida.