Polémica por las nuevas tarifas del refugio de Altavista tras su reapertura en el Teide
La reapertura del refugio de Altavista con tarifas segmentadas ha generado críticas del PSOE por su impacto en la accesibilidad, mientras el Cabildo de Tenerife avanza en la asunción de las competencias y el personal del Parque Nacional del Teide.
La reapertura del refugio de Altavista, en el corazón del Parque Nacional del Teide, ha reabierto el debate sobre el acceso al patrimonio natural insular y la política de precios públicos aplicada por el Cabildo de Tenerife. Tal y como ha dado a conocer la presidenta insular, Rosa Dávila, la infraestructura retomará su actividad mañana con un sistema tarifario segmentado: los residentes en la isla abonarán 29 euros por pernocta, mientras que los montañeros federados no residentes deberán pagar 56,80 euros y el resto de los usuarios, 71 euros.
Esta estructura de costes ha suscitado una respuesta inmediata por parte del grupo socialista en la corporación insular. La secretaria general del PSOE en Tenerife, Tamara Raya, ha instado al equipo de gobierno a ejecutar una enmienda presupuestaria de 100.000 euros, ya aprobada para el ejercicio 2026, con el objetivo de reducir a la mitad las tarifas vigentes. Desde la formación política se argumenta que el desembolso actual —que asciende a 116 euros por noche para una familia de cuatro miembros— supone una barrera económica que contraviene el principio de accesibilidad al principal símbolo natural de la isla. La postura del PSOE subraya la necesidad de diferenciar entre el esfuerzo económico que debe realizar el visitante externo para el mantenimiento de las infraestructuras y el derecho de los residentes a disfrutar de su propio entorno natural con mayores facilidades.
Más allá de la controversia tarifaria, la gestión del Parque Nacional atraviesa un periodo de transformación administrativa. El Cabildo ha formalizado el expediente para la integración del personal laboral y funcionario que hasta ahora dependía del Gobierno de Canarias. Este movimiento, que afecta a 19 trabajadores, se enmarca en el proceso de transferencia de competencias de gestión y conservación del espacio protegido, regulado por el decreto 214/2025. Dicha transición no solo implica la asunción de recursos humanos, sino también la incorporación de activos materiales, entre los que destacan 22 vehículos destinados a las tareas de vigilancia y operatividad técnica dentro del recinto volcánico. Con este paso, la administración insular busca consolidar una estructura de mando unificada sobre el Teide, garantizando la continuidad de los servicios públicos en un enclave cuya gestión ha sido objeto de una reciente reordenación competencial.