Polémica entre los cazadores y el Cabildo de Tenerife por el control del muflón en el Teide
La Asociación Cazadores de Canarias cuestiona los criterios de adjudicación de las jornadas de control del muflón en el Parque Nacional del Teide, reclamando un sistema más equitativo ante el objetivo de erradicar esta especie invasora en cinco años.
La gestión cinegética en el Parque Nacional del Teide vuelve a situarse en el centro del debate público. Según ha trascendido recientemente, el inicio de la campaña de control del muflón —programada entre el 7 de abril y el 12 de mayo— ha estado marcado por las discrepancias manifestadas por la Asociación Cazadores de Canarias respecto a los criterios de adjudicación de las denominadas «jornadas de apremio». Este colectivo ha trasladado al Cabildo de Tenerife su disconformidad con un sistema de puntuación que, a su juicio, no contempla las desigualdades geográficas y operativas inherentes a cada sector de caza.
El núcleo de la controversia reside en la concesión de días de caza adicionales, reservados exclusivamente para aquellas agrupaciones que logran un mayor volumen de capturas. La normativa actual asigna una valoración distinta según el sexo del animal —dos puntos por hembra y uno por macho—, un baremo que, para la asociación, resulta insuficiente al ignorar variables como la densidad poblacional de cada zona, la duración de las jornadas o la presión cinegética previa. Ante esta situación, el colectivo reclama la implementación de coeficientes correctores para las próximas fases, previstas para el último trimestre del año, o, en su defecto, la eliminación de estos turnos extraordinarios por considerarlos un factor de división entre los participantes.
Más allá de la disputa administrativa, la labor de estas 47 cuadrillas colaboradoras resulta fundamental para la conservación del ecosistema. Los datos insulares reflejan que la eficacia de estos grupos supera a la de las empresas privadas contratadas, con el valor añadido de que los ejemplares abatidos por los cazadores se destinan al consumo, evitando el desperdicio de biomasa en el entorno protegido.
Este operativo se enmarca en un horizonte temporal crítico: el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) establece un límite de cinco años para erradicar por completo al Ovis gmelini musimon del Parque Nacional. La presencia de esta especie, introducida artificialmente en 1971 durante la etapa final de la dictadura con fines recreativos para las élites de la época, ha supuesto durante décadas un riesgo severo para la flora endémica de las cumbres tinerfeñas. La administración insular tiene ahora el mandato de diseñar, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del plan el pasado diciembre, una hoja de ruta definitiva para eliminar este herbívoro, cuya introducción original, realizada mediante transporte aéreo desde Córcega, ignoró los protocolos básicos de protección ambiental que hoy rigen la gestión de este espacio protegido.