El Cabildo de Tenerife refuerza la vigilancia del Teide con 27 efectivos ante el récord de visitantes y sanciones
El Cabildo de Tenerife invertirá 3,4 millones de euros en ampliar a 27 efectivos el dispositivo de vigilancia del Parque Nacional del Teide para frenar el aumento del 358% en las infracciones ambientales ante la masificación turística.
La gestión del Parque Nacional del Teide afronta un cambio de paradigma en su modelo de vigilancia. Según ha trascendido recientemente, el Cabildo de Tenerife ha formalizado una inversión de 3,4 millones de euros para ampliar su dispositivo de control, pasando de una presencia testimonial de dos efectivos a un equipo operativo de 27 personas. Esta reestructuración, que se ejecutará mediante un contrato de tres años, combina la reciente incorporación de 12 agentes medioambientales públicos con la contratación externa de 13 guardas rurales, cuya entrada en servicio está prevista para las próximas dos semanas.
La medida responde a una presión asistencial sin precedentes en el espacio protegido. Con una afluencia que alcanzó los 5,2 millones de visitantes en 2025, el Teide se ha consolidado como el parque nacional más concurrido de Europa. Esta masificación ha tenido un reflejo directo en la estadística sancionadora: las infracciones ambientales registradas en el recinto han experimentado un incremento del 358% en el último bienio, pasando de 81 expedientes en 2023 a 371 al cierre del pasado ejercicio. Ante este escenario, la corporación insular ha justificado la necesidad de un despliegue permanente que cubra tanto el núcleo del parque como puntos críticos de su periferia, tales como los miradores de Chipeque, Ayosa, Lomo del Retamar y Los Poleos.
El modelo de gestión elegido, sin embargo, ha reabierto el debate político sobre la externalización de servicios públicos en áreas de alta sensibilidad ecológica. Mientras que el equipo de gobierno insular defiende la alta cualificación técnica de los guardas rurales —quienes actuarán bajo la supervisión directa de los agentes medioambientales—, el PSOE ha cuestionado la idoneidad de delegar competencias de vigilancia en empresas privadas. Para la oposición, esta decisión supone una renuncia a fortalecer la administración pública, argumentando que el personal externo carece de las atribuciones legales y la capacidad de actuación que poseen los funcionarios de carrera.
Desde la dirección de Medio Natural del Cabildo se insiste en que el refuerzo es una respuesta técnica a la complejidad logística de gestionar 190 kilómetros cuadrados de terreno. El nuevo equipo, que contará con formación en primeros auxilios y competencias lingüísticas para la atención al turista, tendrá como cometidos principales la prevención de incendios, la coordinación de planes de contingencia y la respuesta rápida ante emergencias. Con este movimiento, la administración insular busca cerrar una brecha de seguridad arrastrada desde el anterior mandato, intentando equilibrar la preservación de este Patrimonio Mundial con la gestión de un flujo de visitantes que, a día de hoy, desborda las capacidades de control tradicionales.