Polémica en Tacoronte por la reestructuración de los Servicios Sociales y el desplazamiento de su coordinadora
La oposición en el Ayuntamiento de Tacoronte denuncia una supuesta maniobra política y electoralista tras el desplazamiento de la coordinadora de Servicios Sociales, mientras el equipo de gobierno defiende que la medida responde a la aplicación técnica de la Relación de Puestos de Trabajo.
La gestión de los Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Tacoronte se ha convertido en el epicentro de una agria disputa política que trasciende la mera administración de recursos. Según adelanta la prensa local, el portavoz de Nueva Canarias (NC), José Daniel Díaz, ha denunciado una supuesta maniobra del equipo de gobierno —integrado por PSOE, CC y PP— para apartar a la coordinadora del área de sus funciones, una decisión que el exalcalde vincula con una estrategia electoralista y una represalia contra el personal que ha cuestionado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal.
El núcleo del conflicto reside en la reestructuración de las competencias técnicas. Mientras que desde NC se sostiene que la plaza de la coordinadora fue obtenida mediante un proceso público y que su desplazamiento, a pocos meses de los comicios, busca que el concejal del área, José Caro (PP), asuma el control directo de las ayudas, el equipo de gobierno defiende la legalidad del procedimiento. El edil popular ha negado las acusaciones de manipulación, argumentando que la medida responde estrictamente a la aplicación de la RPT vigente. Según Caro, la normativa actual exige que las jefaturas de área sean ocupadas exclusivamente por funcionarios del grupo A1, condición que la trabajadora afectada no cumple, a pesar de su trayectoria de dos décadas en el puesto.
La controversia se extiende al plano jurídico. Díaz Armas asegura que la RPT se encuentra bajo impugnación judicial y que el gobierno local está vulnerando los derechos de defensa de la empleada. Por el contrario, el concejal del PP desmiente este extremo, aclarando que el litigio afecta al convenio laboral heredado de la etapa anterior, y no a la RPT, la cual, según afirma, fue consensuada con los representantes sindicales.
Este enfrentamiento pone de relieve la tensión latente en la administración tacorontera respecto a la profesionalización de sus estructuras. El debate sobre si la intervención política en los Servicios Sociales puede comprometer la neutralidad en la concesión de ayudas es un tema recurrente en la gestión local. Ante las sospechas de uso partidista de los recursos sociales, el gobierno municipal insiste en que los criterios de concesión están blindados por ordenanzas y validados por el cuerpo técnico, desvinculando así cualquier decisión política de la ejecución material de las prestaciones. La firma de la alcaldesa, Sandra Izquierdo, junto a los concejales de las distintas formaciones del tripartito, subraya la naturaleza colegiada de una decisión que, lejos de cerrarse, ha abierto un nuevo frente de confrontación institucional en el municipio.