Vecinos de Tacoronte exigen soluciones ante la persistente insalubridad de una vivienda con síndrome de Diógenes
Vecinos de Tacoronte exigen al Ayuntamiento una solución urgente ante los graves problemas de salubridad y convivencia provocados por una residente con síndrome de Diógenes, cuya atención médica depende actualmente de una resolución judicial.
La gestión de los casos de salud mental severa en el ámbito municipal vuelve a situarse en el centro del debate público tras la reciente movilización vecinal en Tacoronte. Tal y como ha informado el Diario de Avisos, un colectivo de 256 residentes del casco urbano ha trasladado formalmente al equipo de gobierno local su preocupación por la situación de una vecina afectada por síndrome de Diógenes, cuya problemática se prolonga desde 2008 y ha alcanzado un punto de inflexión que afecta a la salubridad y convivencia del entorno.
El conflicto, que involucra a una mujer con una discapacidad reconocida del 65% y diagnóstico de paranoia, pone de manifiesto la compleja intersección entre la protección de datos, las competencias administrativas y la tutela judicial. Durante un encuentro reciente con la alcaldesa, Sandra Izquierdo, y el responsable de Bienestar Social, José Caro, los afectados expusieron las graves condiciones de insalubridad y los episodios de tensión que se registran en la Carretera General. La situación se ve agravada por la negativa de la afectada a recibir asistencia, lo que ha llevado a su entorno familiar, representado por su hermana, a solicitar medidas de incapacitación legal como única vía para garantizar su atención médica y habitacional.
Desde el Consistorio, el concejal José Caro ha subrayado las limitaciones legales que impiden a la administración local intervenir directamente en la capacidad jurídica de un ciudadano, un proceso que es competencia exclusiva de la autoridad judicial. Según ha trascendido, el Ayuntamiento ha remitido a los juzgados de La Laguna un expediente técnico elaborado por la Policía Local a principios de año, con el fin de que sea la instancia judicial la que determine las medidas necesarias ante los daños reportados por los residentes.
Este caso ilustra una problemática recurrente en la administración local española: la parálisis institucional cuando los protocolos de servicios sociales chocan con la autonomía personal y la falta de una orden judicial que permita el ingreso involuntario o la tutela. Mientras la familia expresa su impotencia ante el archivo de denuncias previas por parte del Diputado del Común y la falta de soluciones definitivas, el Ayuntamiento insiste en que ha agotado las vías administrativas a su alcance. La tensión vivida durante la reunión, a la que asistió la propia afectada, refleja el desgaste emocional de un vecindario que, ante la proliferación de plagas y la inseguridad, reclama una intervención coordinada que trascienda la actual fragmentación de competencias entre las autoridades municipales y el sistema judicial.