Las sanciones de la Policía Local en Tacoronte se disparan un 280% y generan tensión política
La gestión de la seguridad en Tacoronte genera debate político tras registrarse un incremento del 280% en la actividad sancionadora de la Policía Local, justificado por el gobierno municipal como resultado del refuerzo de la plantilla y la aplicación de nuevas ordenanzas.
La gestión de la seguridad ciudadana en Tacoronte se encuentra en el centro del debate político tras conocerse un incremento exponencial en la actividad sancionadora del municipio. Según los datos facilitados por la concejalía de Seguridad, Vanesa Luis-Ravelo, en respuesta a una interpelación de la oposición, el cuerpo de la Policía Local ha registrado una media superior a las nueve multas diarias durante el último ejercicio, lo que supone un aumento interanual cercano al 280%.
El análisis de las cifras revela una tendencia al alza sostenida: mientras que en mayo de 2025 se contabilizaron 54 sanciones, la cifra ascendió a 282 en el mismo mes de 2026. Un comportamiento similar se observa en junio, donde el volumen de expedientes superó los 300, triplicando los registros del año anterior. Desde el equipo de gobierno se justifica este repunte como una consecuencia directa del refuerzo de la plantilla policial, que ha pasado de nueve a 28 agentes en el presente mandato. La edil responsable sostiene que este despliegue garantiza una mayor vigilancia y que la labor sancionadora representa apenas una quinta parte de las irregularidades detectadas por los efectivos.
Este endurecimiento en la fiscalización coincide con la entrada en vigor de nuevas normativas locales, entre las que destaca una ordenanza específica para la preservación del arbolado urbano. Esta regulación establece un régimen de sanciones que oscila entre los 60 y los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la conducta, abarcando desde daños menores —como el anclaje de bicicletas o el uso de mobiliario sobre los ejemplares— hasta acciones de mayor impacto, como la tala no autorizada o el vertido de sustancias contaminantes. Paralelamente, el Consistorio ha intensificado el control sobre la gestión de residuos, logrando identificar a los responsables de vertidos incontrolados mediante el uso de cámaras de videovigilancia y la colaboración ciudadana.
La oposición, encabezada por el portavoz José Daniel Díaz Armas, ha cuestionado el enfoque del actual ejecutivo. Si bien el grupo mayoritario reconoce la necesidad de hacer cumplir la normativa, advierte sobre el riesgo de que la sanción económica se convierta en el eje vertebrador de la relación entre la administración y el vecino. El debate se extiende también a la autoría del incremento de efectivos: mientras el gobierno local insiste en que la plantilla era de nueve agentes al inicio de su gestión, la oposición reivindica haber sentado las bases del proceso de ampliación durante su etapa al frente del Ayuntamiento.
Más allá de la disputa política, el caso de Tacoronte ilustra la tensión habitual en la administración local entre el modelo de policía preventiva —orientada a la mediación y la pedagogía— y el modelo de control sancionador. Mientras el gobierno municipal defiende que la mayor presencia policial es sinónimo de seguridad, la oposición aboga por un modelo que priorice la atención en los barrios y la labor informativa, reservando la vía punitiva exclusivamente para los casos de reincidencia o infracciones de especial gravedad.