Somos Tacoronte denuncia la inseguridad en el puente colapsado de la calle Teobaldo Power
Somos Tacoronte denuncia la insuficiencia de las medidas de seguridad en el entorno del puente colapsado de la calle Teobaldo Power y exige al gobierno municipal una intervención urgente ante el riesgo que supone para los escolares y vecinos de la zona.
La seguridad en el entorno urbano de Tacoronte ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras la denuncia pública realizada por la formación Somos Tacoronte. Según ha trasladado el partido, la zona donde se ubica el puente de la calle Teobaldo Power, que sufrió un colapso estructural hace más de un año, mantiene actualmente un perímetro de seguridad que consideran insuficiente, lo que facilita el acceso de viandantes a un espacio que debería permanecer restringido.
La preocupación de la oposición se fundamenta en la ubicación estratégica de este punto, situado en las inmediaciones del IES Óscar Domínguez y el Colegio Tacoronte. La confluencia diaria de menores, familias y personal docente en este sector incrementa, a juicio de la formación, el riesgo de accidentes ante la falta de un cerramiento robusto. Esta situación ha derivado en una crítica directa hacia la gestión del equipo de gobierno municipal, integrado por PSOE, CC y PP, al que se le reprocha una falta de diligencia en la protección de un área que, además, está afectando a las propiedades colindantes debido a la paralización de las actuaciones de reconstrucción.
El portavoz de Somos Tacoronte, Carlos Medina, y la concejala Sandra Ramos han instado a la alcaldesa, Sandra Izquierdo, y al responsable de Urbanismo, Tarsis Morales, a intervenir de forma urgente. La exigencia no se limita al refuerzo de las barreras físicas para impedir el paso, sino que también demanda transparencia sobre los protocolos de inspección aplicados desde el siniestro. Asimismo, el grupo municipal ha solicitado información detallada sobre el cronograma de las obras, un aspecto que se ha visto afectado por la reciente rescisión del contrato con la empresa que debía redactar el proyecto técnico.
Desde la perspectiva de la administración local, este episodio pone de relieve las tensiones habituales en la gestión de infraestructuras críticas cuando los plazos de ejecución se dilatan. La normativa vigente en materia de seguridad ciudadana y responsabilidad patrimonial obliga a los ayuntamientos a mantener los espacios públicos en condiciones que no supongan un peligro para los vecinos. En este contexto, la formación política ha subrayado que la prevención debe prevalecer sobre cualquier otra consideración administrativa, calificando de inaceptable que la seguridad de los ciudadanos dependa de medidas de contención precarias mientras se resuelve la situación contractual de la obra.