Arranca juicio por prevaricación en Taco: exconcejal y funcionarios, acusados.

Salvo cambios de última hora, este martes comienza el juicio por la extracción ilegal de áridos en la Montaña de Taco. En el banquillo se sentarán el exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Norberto Plasencia, y dos funcionarios de la Gerencia de Urbanismo: Víctor Reyes, exsecretario, y Ana Toval, asesora jurídica.

La Fiscalía los acusa de prevaricación urbanística, un delito que implica tomar decisiones injustas a sabiendas. Pide para ellos 10 años de inhabilitación para trabajar en cualquier administración pública y nueve meses de cárcel. Esta investigación comenzó hace 15 años, en 2010, tras una denuncia de los vecinos.

Aunque la Fiscalía pidió que el juicio se celebrara en 2022, se ha suspendido varias veces, la última el pasado 26 de mayo. Las nuevas fechas fijadas son el 2 y el 10 de diciembre.

Además del grupo de vecinos que denunció el caso, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna también actúan como acusación en el proceso.

El centro del caso son las supuestas irregularidades urbanísticas y medioambientales en la explotación de la cantera de la Montaña de Taco. Esta cantera, de unos 37.450 metros cuadrados, tenía una zona de extracción de 35.336 metros. La actividad creó un desnivel de 80 metros de altura, y en el fondo se instalaron varias plantas para procesar los áridos.

El problema surge de las contradicciones en las normas sobre el uso del suelo de la cantera. Una parte de los terrenos está clasificada como suelo urbano no consolidado para viviendas o zonas de ocio, pero necesitaba planes especiales o parciales que nunca se tramitaron. Otra parte forma parte de un parque urbano, donde la industria está totalmente prohibida. Además, el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de 1992 no permitía dar licencias para movimientos de tierra o nuevos usos sin un plan especial previo. Por su parte, el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) exigía que cualquier plan incluyera la restauración de las canteras.

Según la Fiscalía, y teniendo en cuenta estas normas, se cometieron varias irregularidades en la explotación y el funcionamiento de las plantas de extracción de áridos. La empresa, que tenía permiso para extraer materiales, supuestamente trabajó fuera de los límites autorizados. También habría incumplido el método de explotación acordado y varias obligaciones de la Declaración de Impacto Ambiental, como el programa de vigilancia y la entrega regular de informes.

La Fiscalía añade que, ya en el año 2000, antes incluso de que se aprobara el informe de impacto ambiental, existía una planta de extracción y clasificación de áridos sin los permisos necesarios. Y no fue la única: en inspecciones de 2011 y 2012 se descubrió que otras industrias también extraían materiales sin las licencias obligatorias.

Una de estas plantas, a pesar de recibir una orden de cierre en marzo de 2011 por no tener licencia de apertura, siguió funcionando. En 2012, se le retiró la autorización de instalación porque no ejecutó el proyecto según lo previsto e hizo cambios sin permiso. El Cabildo de Tenerife, basándose en informes municipales, consideró que su actividad era «molesta, insalubre y nociva» por el ruido, las vibraciones y el polvo que afectaban a los vecinos cercanos. Además, la Fiscalía asegura que se dieron licencias sin contar con los informes técnicos favorables y obligatorios.

En cuanto a los acusados, la Fiscalía sostiene que:

• Ana Toval promovió propuestas para conceder licencias y cambios de titularidad, a pesar de que había informes técnicos que se oponían.
• Víctor Reyes apoyó esas propuestas e incluso creó otras nuevas, sabiendo la opinión negativa de los técnicos, lo que ayudó a dar una falsa imagen de legalidad.
• Norberto Plasencia concedió la licencia de apertura en 2002 y aprobó cambios de titularidad, también a sabiendas de que existían informes técnicos desfavorables.