Ocho años después, el triple parricidio de Guaza sigue siendo un referente de la crónica negra en Canarias
El Tribunal Supremo ratificó la condena a prisión permanente revisable para Ricardo Ortega por el triple parricidio cometido en 2018 en Arona, tras descartar cualquier trastorno mental y confirmar la premeditación del crimen.
Ocho años después de la tragedia que sacudió la localidad tinerfeña de Guaza, el caso de Ricardo Ortega vuelve a la actualidad judicial y social. Tal y como recogen las crónicas de la época y los archivos judiciales, el triple parricidio perpetrado en la madrugada del 23 de marzo de 2018 en el municipio de Arona marcó un precedente en la jurisprudencia canaria, al ser uno de los primeros supuestos en los que se aplicó la prisión permanente revisable tras la reforma del Código Penal.
El análisis de la sentencia firme, ratificada por el Tribunal Supremo tras desestimar los recursos de la defensa, permite reconstruir una secuencia de hechos que el tribunal calificó de premeditada. A pesar de que la representación legal del condenado —quien fue adoptado por las víctimas en Venezuela durante su infancia— intentó alegar un trastorno mental transitorio para eximirle de responsabilidad, los magistrados concluyeron que el autor mantuvo en todo momento el control de sus facultades volitivas. La planificación previa, evidenciada por el uso de guantes de látex y la selección del arma blanca, junto con la frialdad mostrada durante la llamada a los servicios de emergencia, fueron factores determinantes para que la Sala II del alto tribunal descartara cualquier alteración psíquica relevante.
El suceso, que terminó con la vida de Antonio Ortega, Carmen Nola y Luciano Martín, dejó una huella imborrable en la comunidad de origen de las víctimas, La Palma. La investigación policial, que inicialmente se enfrentó a una versión distorsionada por parte del agresor —quien intentó simular un robo violento en la vivienda—, logró desarticular el relato del joven mediante una inspección ocular que no halló rastro de intrusos. La autopsia, por su parte, reveló la brutalidad del ataque, especialmente en el caso de la madre, quien intentó defenderse durante la agresión.
Desde una perspectiva jurídica, este caso subraya la complejidad de los procesos por parricidio donde se invoca la inimputabilidad. La ratificación de la pena máxima —prisión permanente revisable por el asesinato del abuelo, sumada a las condenas de 22 años y seis meses por el fallecimiento de la madre y 20 años y seis meses por el del padre— refleja la contundencia con la que el sistema judicial español aborda los crímenes de especial gravedad. La figura de la prisión permanente revisable, introducida en 2015, sigue siendo objeto de debate en el ámbito legal, pero en este episodio concreto, el Tribunal Supremo fue taxativo al considerar que el condenado era plenamente consciente de la naturaleza de sus actos en el momento de ejecutarlos.
Hoy, la casa de la calle Abdón Rocha permanece como un recordatorio silencioso de una noche que, pese al paso del tiempo, sigue siendo un referente de la crónica negra en Canarias, no solo por la magnitud de la pérdida familiar, sino por la frialdad técnica con la que se ejecutó el triple crimen.