El Supremo ordena el derribo de las instalaciones privadas en el litoral de Punta del Hidalgo
El Ayuntamiento de La Laguna y el Gobierno de Canarias han iniciado los trámites para ejecutar el derribo de las instalaciones de la Piscina Charco de la Arena en Punta del Hidalgo, tras una sentencia del Tribunal Supremo que pone fin a la concesión privada del enclave.
La recuperación del litoral de Punta del Hidalgo ha entrado en una fase decisiva tras la reciente resolución del Tribunal Supremo, que ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de prórroga para la Sociedad Recreativa Piscina Charco de la Arena. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, tanto el Ayuntamiento de La Laguna como la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias han iniciado una hoja de ruta conjunta para instar al Ministerio para la Transición Ecológica a que ejecute de forma inmediata el derribo de las instalaciones, devolviendo así el dominio público marítimo-terrestre a su estado original.
Este movimiento administrativo responde a la firmeza de la sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada el pasado 4 de marzo por el Alto Tribunal, que desestimó el recurso de casación interpuesto por la entidad privada. La resolución judicial pone fin a un largo litigio que se remonta a la denegación de la extensión de la concesión administrativa, un título que permitía el uso de este enclave desde mediados de los años sesenta. La historia de esta ocupación, iniciada en 1964 bajo una orden ministerial para la explotación de un establecimiento hostelero y el acondicionamiento de una piscina natural, ha estado marcada por diversas irregularidades, incluyendo expedientes por exceso de ocupación y complejas transmisiones de titularidad que fueron objeto de escrutinio por parte de las autoridades competentes desde principios de los años noventa.
Para materializar la reversión, el Consistorio lagunero, representado por su alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Urbanismo, Adolfo Cordobés, ha mantenido encuentros técnicos con los responsables autonómicos de Costas, encabezados por Antonio Acosta. El objetivo es presentar ante el Estado un plan de intervención integral que no solo contemple la demolición de la estructura privada, sino que se integre en la agenda urbana local. Entre los proyectos previstos destaca la rehabilitación del Camino de la Costa, también conocido como sendero de San Juanito, con el fin de garantizar el acceso público y la regeneración medioambiental de la zona.
El procedimiento administrativo que se abre ahora implica que, tras la demolición, el Ejecutivo autonómico solicitará al Ministerio el acta de reversión del terreno. Una vez que el Estado recupere la plena posesión del espacio, se prevé la firma de un convenio de cesión al Ayuntamiento de La Laguna, permitiendo que la administración local asuma la gestión del área. Esta coordinación institucional busca, según han manifestado los responsables públicos, acelerar los plazos para que la ciudadanía recupere el uso de un enclave costero que ha permanecido bajo control privado durante seis décadas, alineando la gestión del litoral con las actuales políticas de protección y apertura de los espacios públicos en Canarias.