El Supremo avala impugnar multas de la DGT incluso tras acogerse al pronto pago
La jurisprudencia del Tribunal Supremo permite impugnar judicialmente una multa de tráfico incluso tras haber aplicado el pronto pago, aunque el proceso exige desvirtuar el reconocimiento de responsabilidad implícito en dicha bonificación.
La gestión de las sanciones de tráfico en España se encuentra en una encrucijada jurídica que a menudo pasa desapercibida para el ciudadano medio. Tal y como recoge la información difundida recientemente sobre la operativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), el sistema de pronto pago, diseñado para agilizar la recaudación y reducir la carga administrativa, conlleva una renuncia implícita a la vía administrativa que, no obstante, no cierra herméticamente la puerta a una revisión judicial posterior.
El mecanismo de reducción del 50% en el importe de la sanción, al que se acoge la gran mayoría de los conductores, implica el reconocimiento de la responsabilidad en la infracción, ya sea por exceso de velocidad o por el uso indebido de dispositivos electrónicos al volante. Esta práctica, amparada en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, se interpreta habitualmente como un punto final al expediente. Sin embargo, la jurisprudencia ha marcado un matiz relevante: la sentencia 232/2021 del Tribunal Supremo abre la posibilidad de impugnar la sanción por la vía contencioso-administrativa incluso tras haber abonado la cuantía reducida.
Este proceso judicial, que busca la anulación de la multa y el consiguiente reembolso de lo pagado, exige una estrategia rigurosa. El interesado debe formalizar una demanda ante los tribunales, aportando la documentación completa del expediente, desde el boletín de denuncia original hasta el justificante del pago efectuado. Es un camino complejo que requiere una valoración previa sobre la viabilidad de la prueba, dado que el pago inicial supone un reconocimiento de los hechos que el demandante deberá desvirtuar ante el juez.
Por otro lado, el sistema contempla una vía mucho más directa para aquellos casos en los que el abono se ha producido por error o duplicidad. En estas situaciones, la administración permite solicitar la devolución de ingresos indebidos mediante un trámite administrativo sencillo y gratuito. A diferencia de la impugnación judicial, este procedimiento se gestiona directamente ante la DGT, requiriendo únicamente la solicitud formal y la acreditación de la cuenta bancaria donde se efectuará el reintegro. Esta distinción es fundamental para el automovilista: mientras que el recurso judicial cuestiona la legitimidad de la sanción, la solicitud de devolución se limita a corregir una anomalía en el proceso de pago.