El Tribunal Supremo avala a CaixaBank y rechaza que el Cabildo de Tenerife recupere 800.000 euros por derivados financieros
El Tribunal Supremo ha desestimado la reclamación del Cabildo de Tenerife para recuperar 800.000 euros abonados a CaixaBank por derivados financieros, sentando precedente sobre la autonomía de estos contratos frente a los préstamos que los originaron.
La reciente resolución del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la litigiosidad bancaria que ha afectado a las administraciones públicas españolas durante la última década. Tal y como recoge la información publicada, el alto tribunal ha desestimado la pretensión del Cabildo de Tenerife de recuperar cerca de 800.000 euros abonados a CaixaBank en concepto de liquidaciones por derivados financieros, una decisión que zanja un largo proceso judicial iniciado tras la anulación de los préstamos originales que motivaron la contratación de estos productos.
El origen de esta controversia se sitúa en 2010, bajo la presidencia de Ricardo Melchior, cuando la corporación insular formalizó operaciones de endeudamiento por valor de 62 millones de euros. Con el objetivo de mitigar el riesgo de volatilidad en los tipos de interés, el Cabildo suscribió coberturas financieras —conocidas como swaps—, de las cuales 11 millones quedaron vinculados a la entidad hoy integrada en CaixaBank y el resto a BBVA. La situación jurídica se complicó en 2014, momento en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid invalidó los créditos base por irregularidades en su formalización.
A pesar de que la anulación de los préstamos obligó a la amortización de los mismos, el Cabildo optó por mantener vigentes los contratos de cobertura hasta finales de 2016, aprovechando una ventana de cancelación sin penalización económica. Durante ese periodo, el escenario de tipos negativos del euríbor provocó que la corporación insular tuviera que desembolsar 791.710 euros a la entidad financiera. La disputa legal se centró en determinar si la desaparición de la deuda principal arrastraba consigo la nulidad de los derivados.
Aunque la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife había fallado inicialmente a favor de la administración local, el Tribunal Supremo ha corregido este criterio. La Sala de lo Civil argumenta que la cobertura financiera conservaba su utilidad, dado que el Cabildo mantenía otros pasivos a tipo variable que justificaban la pervivencia del contrato. Con este dictamen, que impone además las costas de primera instancia a la corporación insular, el Supremo establece un precedente relevante sobre la autonomía de los contratos de derivados frente a la suerte de los préstamos que, en su día, motivaron su suscripción. Este fallo cierra definitivamente la vía de reclamación para el Cabildo, tras haber visto desestimada años atrás una pretensión similar contra BBVA.