El Tribunal Supremo confirma 4 años y medio de cárcel para un expresidente de comunidad en Tenerife por desviar 88.000 euros
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cuatro años y medio de prisión al expresidente de una comunidad de propietarios en Santa Cruz de Tenerife por apropiarse de más de 88.000 euros mediante falsedad documental y facturación ficticia.
La firmeza de esta condena marca un precedente significativo en la jurisprudencia canaria sobre la gestión de fondos comunitarios. Tal y como ha trascendido recientemente, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el expresidente de una comunidad de propietarios en Santa Cruz de Tenerife, poniendo fin a un largo periplo judicial que confirma una pena de cuatro años y seis meses de prisión por delitos de apropiación indebida agravada y falsedad documental.
El fallo, que ratifica la resolución previa de la Audiencia Provincial, impone además al encausado el abono de una indemnización superior a los 88.000 euros a los vecinos afectados. Según ha señalado la representación legal de los perjudicados, el letrado Rodolfo Rodríguez Montenegro, nos encontramos ante el caso de mayor cuantía económica registrado en el archipiélago en el ámbito de la administración de fincas.
La mecánica delictiva, según se desprende de los hechos probados, se prolongó durante siete años, desde 2011 hasta 2018. El condenado aprovechó su posición para vaciar las arcas de la comunidad mediante una operativa que incluía la simulación de una administración externa. Tras apartar a la administradora legítima en 2014, el acusado designó a una figura que nunca llegó a ejercer funciones reales, lo que le otorgó el control absoluto sobre los movimientos bancarios.
El análisis judicial revela que el acusado utilizó una cuenta corriente comunitaria para emitir 57 cheques entre 2014 y 2018, desviando casi 88.000 euros hacia una sociedad de la que él era administrador único. Para dar apariencia de legalidad a estas extracciones, el condenado falsificó la firma de la supuesta administradora en 41 de estos documentos y manipuló diversas actas de las juntas generales.
El fraude se completó con la emisión de facturas por servicios inexistentes. La mercantil vinculada al expresidente facturó a la comunidad más de 86.000 euros por trabajos que nunca se ejecutaron ni fueron validados por los propietarios. La investigación determinó que dicha empresa carecía de actividad real, trabajadores en plantilla y depósito de cuentas anuales, lo que confirmó la naturaleza ficticia de los cobros.
Este caso pone de relieve las vulnerabilidades en los mecanismos de control interno de las comunidades de propietarios, donde la falta de una supervisión externa efectiva puede facilitar abusos de confianza de gran escala. La decisión del Supremo, al no admitir el recurso por falta de relevancia casacional, cierra definitivamente la vía ordinaria y convierte la sentencia en inamovible, subrayando la gravedad de la conducta delictiva en el ejercicio de cargos de representación vecinal.