Una investigación revela la compleja transición funeraria de La Orotava entre los siglos XVIII y XIX
Una reciente investigación de la Sociedad Genealógica y Heráldica de Canarias analiza la compleja transición funeraria en La Orotava, desde los enterramientos intramuros en la iglesia de La Concepción hasta la inauguración del cementerio municipal en 1823.
La historia funeraria de La Orotava, marcada por una transición secular entre la tradición de las inhumaciones intramuros y la modernidad higienista del siglo XIX, ha sido objeto de una reciente investigación firmada por un miembro de la Sociedad Genealógica y Heráldica de Canarias. El estudio arroja luz sobre el complejo proceso de gestión de los restos mortales en la localidad, un fenómeno que no solo respondió a necesidades religiosas, sino también a las severas limitaciones estructurales que sufrió la iglesia de La Concepción durante más de un siglo.
El análisis documental revela que, desde la conquista hasta la inauguración del camposanto permanente en 1823, el templo actuó como el epicentro funerario del municipio. Este rol se mantuvo incluso ante la adversidad: tras los seísmos de 1704 y 1705, que dañaron gravemente la estructura, la actividad de enterramiento no cesó, concentrando entre el 60% y el 65% de las inhumaciones parroquiales. La inercia administrativa, que retrasó la sustitución del edificio hasta finales del siglo XVIII, obligó a una convivencia prolongada entre la ruina declarada en 1758 y la continuidad del culto y los sepelios.
Un aspecto de especial relevancia histórica es la gestión de los restos durante las dos décadas que duró la demolición y posterior edificación del nuevo templo (1768-1788). La investigación demuestra que la parroquia no solo trasladó sus funciones sacramentales a los conventos de San Agustín y San Nicolás, sino que también desplazó su actividad funeraria a estos recintos. La evidencia es irrefutable: los libros sacramentales recogen traslados de restos de figuras ilustres y clérigos desde la antigua iglesia hacia estas sedes temporales, confirmando que la parroquia funcionaba de manera itinerante. Incluso se habilitó un espacio provisional en el solar de la obra para los estratos sociales más desfavorecidos, una práctica que subraya la precariedad de la infraestructura durante aquel periodo de transición.
Este proceso de cambio se vio finalmente acelerado por el marco legal impulsado por la Corona. La Real Cédula de 1787, promulgada por Carlos III, supuso el punto de inflexión definitivo al prohibir las inhumaciones en el interior de las iglesias por motivos de salubridad pública. No obstante, la inercia cultural fue notable: tras la reapertura del templo en 1788, la iglesia de La Concepción siguió albergando el 55% de los entierros hasta la bendición del cementerio definitivo en 1823. El estudio concluye que, hasta la puesta en marcha de este camposanto, la gestión de los fallecidos se dispersó por diversas ermitas y conventos, como San Roque o San Sebastián, cerrando así un capítulo donde la arquitectura, la fe y la normativa estatal se entrelazaron para definir el paisaje urbano y social de la villa.