Siete marinos indios, atrapados en un limbo jurídico y sin hogar en Tenerife tras una causa por narcotráfico
Siete marinos indios, tripulantes del buque United S implicado en una causa por narcotráfico, se enfrentan a una grave situación de desamparo ante la falta de una alternativa habitacional tras expirar su estancia temporal en Tenerife.
La situación de siete marinos de nacionalidad india, tripulantes del buque United S, ha puesto de manifiesto las graves lagunas en la protección de trabajadores del mar atrapados en procesos judiciales por narcotráfico en España. Tal y como ha advertido la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), estos hombres se enfrentan a una incertidumbre habitacional crítica a partir del próximo 23 de marzo, fecha en la que expira su estancia temporal en la Casa del Mar de Tenerife.
El caso, bajo la jurisdicción del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, se originó tras la interceptación del navío el pasado mes de enero con un cargamento de cocaína. De los trece integrantes originales de la dotación, seis permanecen en prisión preventiva, mientras que los siete restantes se encuentran en libertad provisional, sujetos a medidas cautelares que incluyen la retirada de sus pasaportes, la obligación de comparecencias semanales ante la justicia y la prohibición de abandonar el territorio nacional.
La investigación de la ITF, liderada en el archipiélago por el inspector Gonzalo Galán, apunta a una posible trama de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Según los testimonios recabados, los marinos habrían abonado 6.000 dólares cada uno a intermediarios en India para acceder a sus puestos, bajo la contratación de la firma turca Sea Dream Shipping LT. Posteriormente, tras un cambio de propiedad del buque en octubre de 2025 a favor de la mercantil hondureña Capo Maritime CO S.A., los trabajadores habrían permanecido a bordo bajo promesas salariales incumplidas. Los tripulantes sostienen, además, haber sido coaccionados por hombres armados en alta mar tras una escala en Brasil, quienes les habrían obligado a cargar la sustancia estupefaciente.
La precariedad de estos trabajadores se ha visto agravada por la falta de condiciones mínimas de habitabilidad en el propio buque incautado, el cual fue desalojado el pasado 6 de marzo por orden de la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria debido a fallos estructurales y en los generadores. Aunque diversas instituciones, como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Comisión de Bienestar del Puerto, buscan una solución habitacional a largo plazo, la ausencia de una alternativa confirmada para finales de mes mantiene a los marinos en un limbo jurídico y social.
Luz Baz, coordinadora de la ITF, ha subrayado que este episodio no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la posición estratégica de España en las rutas del narcotráfico, que convierte a las tripulaciones extranjeras en víctimas colaterales. La organización ha trasladado la urgencia de este escenario a múltiples organismos, incluyendo la Dirección General de la Marina Mercante, el Instituto Social de la Marina y la Embajada de la India, con el fin de coordinar una respuesta institucional que evite que estos trabajadores queden desamparados tras ser utilizados por redes criminales. La ITF tiene previsto elevar este caso al Comité Nacional de Bienestar para debatir soluciones estructurales ante la creciente frecuencia de estas situaciones de abandono y vulnerabilidad extrema.