Tensión institucional por el derribo del silo de grano de Santa Cruz de Tenerife
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife mantiene sus planes de demoler el antiguo silo de grano pese a la oposición del Colegio de Arquitectos, que defiende su valor patrimonial y cuestiona el supuesto estado de ruina del inmueble.
El futuro del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife se ha convertido en un foco de tensión institucional que amenaza con borrar un vestigio industrial único en el territorio nacional. Según ha trascendido en las últimas horas, la Autoridad Portuaria mantiene su hoja de ruta para ejecutar el derribo de la infraestructura, una decisión que choca frontalmente con las gestiones emprendidas por el Colegio Oficial de Arquitectos (COA) para evitar la demolición.
La discrepancia se ha agudizado tras conocerse que el ente portuario ha licitado el desmantelamiento del inmueble, con siete ofertas presentadas que superan, en algunos casos, el millón de euros. Esta celeridad administrativa contrasta con el compromiso alcanzado el pasado noviembre, cuando ambas partes acordaron un periodo de seis meses para explorar alternativas de reutilización.
El conflicto ha escalado a raíz de una propuesta de reconversión impulsada por la Zona Franca de Tenerife. El COA sostiene que el delegado especial del Estado en dicho organismo, Manuel Fernando Martínez, mostró interés en evaluar la viabilidad del edificio y solicitó asesoramiento técnico para realizar una inspección in situ. Sin embargo, el Colegio denuncia que la Autoridad Portuaria ha bloqueado el acceso a las instalaciones, impidiendo cualquier análisis técnico que pudiera fundamentar una alternativa al derribo.
Desde la Autoridad Portuaria se ha negado la existencia de cualquier solicitud formal o informal por parte de la Zona Franca. Asimismo, el organismo ha recordado que su propia estructura de gobierno, presidida por Pedro Suárez, integra a los responsables de la Zona Franca, lo que, a su juicio, hace inviable que se produzca una petición de esta naturaleza sin pasar por sus órganos de decisión.
En el centro del debate subyace la discrepancia sobre el estado de conservación del inmueble. Mientras el puerto justifica la demolición por el deterioro de la estructura, un informe técnico preliminar elaborado por los arquitectos Fernando Arocha y Raquel Guanche contradice esta tesis. El documento, que incluye análisis planimétricos y registros fotográficos, sostiene que el silo no presenta condiciones de ruina y posee valores patrimoniales suficientes para justificar su preservación. Ante la inminencia de la demolición, el COA ha trasladado este informe al Ministerio de Cultura y a Puertos del Estado, apelando a su capacidad administrativa para intervenir en un caso que, tras la desaparición del silo de Málaga, representa el último ejemplo de esta tipología arquitectónica en España.