Desarticulada una red de regularización fraudulenta de extranjeros con 65 detenidos y 30 millones en beneficios
La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que obtuvo más de 30 millones de euros mediante la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros a través de parejas de hecho ficticias, resultando en 65 detenidos tras la 'Operación Vínculo II'.
La desarticulación de una compleja red dedicada a la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros ha puesto de manifiesto la sofisticación de las tramas que explotan las vías de reagrupación familiar en España. Tal y como ha informado la Policía Nacional, la denominada 'Operación Vínculo II' ha culminado con el arresto de 19 personas, elevando a 65 el número total de implicados si se suma la fase inicial de la investigación, que se ha prolongado desde principios de 2025 hasta mediados de 2026.
El análisis de los investigadores apunta a un modelo de negocio criminal altamente lucrativo, que habría generado unos beneficios superiores a los 30 millones de euros. El esquema operativo consistía en la formalización de parejas de hecho ficticias entre ciudadanos de origen magrebí y mujeres de nacionalidad española, captadas principalmente en la provincia de Málaga. Este artificio legal permitía a los beneficiarios obtener la Autorización de Residencia de Familiar Comunitario, un estatus que otorga plenos derechos de residencia y acceso al mercado laboral durante un lustro.
La estructura de la organización, con nodos operativos en Barcelona, Melilla, Tenerife, Málaga y Jaén, funcionaba bajo una jerarquía compartimentada. Mientras los cabecillas —de nacionalidades española y marroquí— supervisaban la estrategia, una red de captadores y facilitadores gestionaba la logística, el traslado de los implicados y la obtención de documentación falsificada necesaria para sortear los controles administrativos. El coste por cada proceso de regularización irregular alcanzaba los 12.000 euros por cliente.
El origen de este caso se remonta a febrero de 2025, cuando la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén detectó una serie de irregularidades en solicitudes de residencia que, aunque registradas en notarías catalanas, presentaban empadronamientos sospechosos en el municipio jiennense de Torredonjimeno. Este hallazgo permitió desmantelar un entramado que no solo vulneraba la normativa de extranjería, sino que también utilizaba a testaferros para el movimiento de fondos ilícitos.
Más allá de las detenciones por delitos de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal, las autoridades han iniciado una ofensiva administrativa para revertir los efectos del fraude. La Brigada de Extranjería ha solicitado formalmente la anulación de todos los permisos de residencia concedidos bajo este esquema y ha instado a la Agencia Tributaria a revisar y, en su caso, reclamar cualquier prestación o ayuda social que los implicados hubieran percibido de forma indebida. Este despliegue subraya la creciente preocupación de las fuerzas de seguridad por el uso de figuras jurídicas de protección familiar como herramienta para el lucro delictivo.