El retraso judicial en la agresión a una enfermera en Tacoronte reabre el debate sobre la inseguridad sanitaria en Canarias
El retraso judicial en el juicio por la agresión a una enfermera en Tacoronte reabre el debate sobre la inseguridad laboral y la desprotección del personal sanitario ante el repunte de violencia en los centros de salud canarios.
La dilatación de los tiempos procesales en España vuelve a situarse en el centro del debate tras conocerse que el juicio por la agresión sufrida por una enfermera en el centro de salud de Tacoronte, ocurrida durante la Nochevieja de 2023, no se celebrará hasta el próximo mes de mayo. Tal y como ha informado el sindicato Satse, este lapso de casi dos años y medio entre el incidente y la vista oral ejemplifica la brecha existente entre la protección teórica del personal sanitario y la realidad de los procedimientos judiciales, un escenario que, según la organización, agrava el desgaste psicológico de las víctimas.
La profesional, que permaneció siete meses de baja médica debido a la gravedad de las lesiones, continúa hoy bajo seguimiento en el servicio de Traumatología. Su caso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia de violencia creciente en el ámbito asistencial canario. Las estadísticas del Servicio Canario de Salud (SCS) confirman un repunte sostenido: en 2025 se contabilizaron 664 agresiones, frente a las 544 registradas el año anterior. De este total, 68 fueron ataques físicos, 524 verbales y 72 de carácter mixto, cifras que, según advierte el sindicato, podrían ser inferiores a la realidad debido a la infradeclaración de incidentes por parte de los trabajadores.
El centro de salud de Tacoronte, que opera como Punto de Atención Continuada (PAC), se ha convertido en un punto crítico para el sindicato. La falta de personal —limitado a un único médico y una enfermera durante las guardias— y la ausencia de vigilancia física fuera de la franja horaria de 08:00 a 20:00 horas, dejan al personal en una situación de vulnerabilidad extrema. En la práctica, este centro asume una carga asistencial propia de un servicio de urgencias convencional, lo que, sumado a la necesidad de que sea el propio personal sanitario quien gestione el acceso de los pacientes a las instalaciones, genera un entorno de inseguridad laboral que el sindicato califica de estructural.
A pesar de la existencia de un Plan de Prevención de las Agresiones diseñado por el SCS, la eficacia de estas medidas es puesta en duda por los representantes de los trabajadores. La persistencia de estos episodios, junto con la lentitud de la respuesta judicial, está provocando un fenómeno de normalización de la violencia que, a juicio de Satse, deriva en un incremento del estrés, el miedo y la desmotivación entre las plantillas. La organización insiste en que la solución requiere una intervención integral que combine el refuerzo de los recursos humanos con una mayor celeridad en la resolución de los conflictos legales, garantizando así que el sistema sanitario no solo sea un lugar de curación, sino también un entorno seguro para quienes lo sostienen.