La Audiencia de Tenerife confirma una condena por el uso de una pegatina de ITV falsa
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado una sanción penal por el uso de una pegatina de ITV falsa, sentando precedente sobre la responsabilidad del conductor de verificar la documentación al adquirir un vehículo de segunda mano.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha sentado un precedente relevante al confirmar la responsabilidad penal por el uso de distintivos de inspección técnica fraudulentos, tal y como ha trascendido tras la resolución judicial que ratifica una sanción económica de 450 euros para un conductor. Este fallo subraya la importancia de la diligencia debida en la compraventa de vehículos de segunda mano, un mercado donde la verificación documental es una salvaguarda esencial para el comprador.
El origen del litigio se sitúa en enero de 2025, momento en el que efectivos de la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna identificaron un automóvil estacionado de forma irregular. Durante la inspección rutinaria, los agentes constataron que el distintivo de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no correspondía con la realidad administrativa del coche, cuya última revisión válida databa de dos años atrás.
Ante el tribunal, el encausado intentó desvincularse de la manipulación del distintivo, atribuyendo la colocación del mismo a terceros y alegando desconocimiento sobre la irregularidad documental al haber adquirido el automóvil a un compañero de trabajo en marzo de 2024. El procesado basó su defensa en la presunción de inocencia y en un supuesto error en la valoración de las pruebas, argumentando que el estado del vehículo era idéntico al momento de la transacción.
Sin embargo, la Sala ha desestimado estos argumentos al considerar que la tesis exculpatoria carece de solidez. El tribunal ha enfatizado que resulta inverosímil que un comprador, al realizar una inversión económica significativa por un bien mueble, omita las comprobaciones básicas sobre la legalidad de su documentación. Esta sentencia refuerza la doctrina de que el desconocimiento no exime de responsabilidad cuando se hace uso de documentos falsificados, trasladando al propietario la carga de verificar la autenticidad de los certificados técnicos antes de circular por la vía pública.