La Audiencia Nacional endurece las penas contra el narcotráfico marítimo tras condenar a una red que quemaba sus barcos para destruir pruebas
La Audiencia Nacional ha condenado a una red internacional de narcotráfico que utilizaba el incendio de sus embarcaciones para destruir pruebas, sentando un precedente judicial contra esta táctica de impunidad en alta mar.
La reciente sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 17 de julio marca un punto de inflexión en la persecución del narcotráfico marítimo, al endurecer la respuesta judicial frente a la táctica de autodestrucción de pruebas en alta mar. Tal y como ha trascendido, el tribunal ha condenado a una red internacional de transporte de estupefacientes cuyos integrantes recurrían sistemáticamente al incendio de sus embarcaciones para evitar la incautación de la mercancía y la posterior carga probatoria. Este fallo no solo impone penas severas, sino que consolida una línea jurisprudencial orientada a erradicar la sensación de impunidad que históricamente ha rodeado a estas maniobras de sabotaje.
El entramado criminal, desarticulado tras una compleja labor de inteligencia liderada por los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil —con especial relevancia del equipo de Canarias—, operaba bajo un modelo de servicios logísticos. Sus cabecillas, los ciudadanos ucranianos Andrey K. y Vitali M., funcionaban como proveedores de infraestructura para terceros, gestionando tripulaciones y rutas para organizaciones productoras en África, Sudamérica y Europa. Su actividad, documentada desde 2018, se coordinaba a través de plataformas de comunicación cifrada como Sky ECC, utilizando una flota compuesta por los veleros Jessie, Magallanes y Liberta.
La investigación, que heredó el testigo del extinto OCON-Sur, permitió desvelar conexiones transnacionales, incluyendo la colaboración con grupos franceses como Blanc Solidarité y organizaciones asentadas en la Costa del Sol. El modus operandi quedó expuesto en varios episodios críticos: desde la interceptación del Jessie en Tenerife, vinculado a un transporte previo de cuatro toneladas de hachís, hasta el hundimiento del Magallanes frente al archipiélago canario, donde la tripulación logró destruir 1.500 kilos de droga antes de ser abordados, lo que inicialmente permitió su puesta en libertad por falta de pruebas materiales.
El desenlace del grupo se produjo en el Mediterráneo central, a bordo del Liberta. En esta operación, el ciudadano Iman B., quien actuaba como supervisor de la carga —figura conocida en el argot como 'notario'—, intentó frustrar la intervención policial provocando una explosión mediante el uso de combustible. El incidente resultó fatal para Vitali M., quien falleció tras sufrir quemaduras críticas, mientras que el resto de los tripulantes fueron capturados. La sentencia impone a Iman B. la pena más elevada, 27 años de prisión, mientras que el resto de los implicados han sido condenados a siete años, con un incremento de tres meses para Andrey K. por su rol de liderazgo. Este desenlace judicial subraya la determinación de las autoridades españolas por desmantelar las estructuras logísticas que, bajo la apariencia de servicios de transporte, facilitan el tráfico de estupefacientes a escala global.