Senado despenaliza el corte de suministros a okupas.
El Senado ha aprobado una propuesta de ley que reformaría el Código Penal para permitir a los propietarios cortar los suministros básicos a los okupas sin incurrir en delito, buscando agilizar la lucha contra la ocupación ilegal.
Una nueva propuesta de ley, ya aprobada por el Senado, podría cambiar las reglas del juego contra la okupación. La medida busca permitir a los propietarios cortar los suministros básicos a los okupas sin miedo a ser multados o incluso ir a la cárcel, algo que hasta ahora era un delito.
Esta novedad es un gran alivio para muchos dueños que llevan años pidiendo cambios, según explica Cristina Ruiz (@crisprudentia), abogada inmobiliaria de Tenerife. De hecho, la letrada ha afirmado en uno de sus vídeos que "en estos momentos, estamos presenciando el fin de la okupación", destacando la importancia de esta modificación legal.
El Senado ha dado un paso clave para reformar el Código Penal. Esta reforma podría transformar la forma en que los propietarios se enfrentan a la ocupación ilegal en España. La propuesta, apoyada por varios partidos, eliminaría el delito de coacciones cuando un dueño corta la luz, el agua o el gas a un inmueble ocupado ilegalmente.
Cristina Ruiz subraya que este cambio es el primer paso para acabar con la okupación. Los propietarios podrán cortar los suministros sin temor a sanciones, lo que les daría una herramienta más eficaz para recuperar sus viviendas y desanimar esta actividad ilegal.
Para que este cambio en el Código Penal sea una realidad, la ley aún debe ser aprobada en el Congreso.
La abogada recuerda que esta medida ya se aplica en Cataluña, donde los tribunales permiten a los propietarios cortar suministros sin que se considere una coacción ilegal. La reforma extendería esta posibilidad a todo el país, unificando criterios y evitando diferencias entre comunidades.
Hasta ahora, el artículo 172 del Código Penal castiga como coacción cualquier limitación de la libertad de otra persona. Esto incluía cortar la luz, el agua o el gas para forzar un desalojo. Muchos propietarios, desesperados por ocupaciones largas, se han visto en juicios por intentar cerrar los suministros para evitar más daños o reducir gastos.
La reforma busca dejar claro que estas acciones no serán delito si los ocupantes no tienen un título legal que justifique su estancia. Este primer paso es bienvenido por muchos, ya que podría acelerar los desalojos y hacer que quienes piensan okupar un inmueble se lo piensen dos veces.