El GRACO incauta 15,5 millones de euros al crimen organizado en su primer año de actividad
El Grupo de Recuperación de Activos del Crimen Organizado (GRACO) de la Policía Nacional ha incautado 15,5 millones de euros en su primer año de actividad, consolidando una estrategia centrada en el estrangulamiento financiero de las redes delictivas.
La estrategia policial contra el crimen organizado en España ha experimentado un cambio de paradigma con la consolidación del Grupo de Recuperación de Activos del Crimen Organizado (GRACO), una unidad de la Policía Nacional que, según ha trascendido recientemente, ha logrado incautar 15,5 millones de euros en su primer año de actividad. Este enfoque, que prioriza el estrangulamiento financiero de las redes delictivas sobre la mera detención de sus integrantes, responde a una necesidad de eficacia operativa frente a estructuras que, históricamente, han demostrado una gran capacidad de resiliencia ante las intervenciones judiciales convencionales.
La labor de este grupo, integrado en la Comisaría General de Policía Judicial desde enero de 2025, se despliega en todo el territorio nacional, con especial incidencia en enclaves como Tenerife, Valencia y Torrelavega. En el caso de la isla canaria, la denominada operación Báltico permitió el decomiso de bienes valorados en cinco millones de euros. Estas actuaciones se enmarcan en un esfuerzo por cumplir con las directrices europeas, que alertan de que, a nivel global, apenas se logra recuperar un 2% de los beneficios ilícitos generados por estas organizaciones.
El catálogo de activos intervenidos por el GRACO es heterogéneo y refleja la diversidad de los métodos de blanqueo actuales. Más allá de los bienes inmuebles, vehículos o productos financieros, los agentes han procedido al bloqueo de objetos cotidianos —desde dispositivos electrónicos y videoconsolas hasta patinetes eléctricos— para evitar que estos activos queden en un vacío legal. La unidad trabaja en estrecha colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y la Fiscalía Antidroga, garantizando que los bienes incautados sean gestionados durante el proceso judicial para su posterior integración en el erario público, facilitando así la reparación de las víctimas.
Uno de los desafíos técnicos más complejos que afronta el grupo es la gestión de criptomonedas. Para mitigar los riesgos asociados a estos activos digitales, se ha implementado un protocolo bajo control judicial que delega la custodia de los monederos virtuales en empresas especializadas en seguridad, un avance que dota de mayor seguridad jurídica a las investigaciones.
El historial reciente del GRACO incluye intervenciones de diversa índole, como la operación Zarza contra la extorsión, la operación Río frente a grupos polidelictivos en Cantabria y la operación Brete, enfocada en desarticular redes de estafas a personas mayores. A pesar de la sofisticación de estas tramas, los responsables de la unidad han observado que, en sus investigaciones actuales, no se ha detectado una profesionalización extrema en la figura de los testaferros, a diferencia de lo que ocurre en casos de blanqueo de capitales de mayor envergadura. Esta unidad actúa como un eje transversal, apoyando las pesquisas de departamentos especializados como la UDEF, la Udyco, la UDEV y la Unidad Central de Ciberdelincuencia, con el objetivo final de desmantelar la capacidad operativa de las bandas mediante la privación de sus recursos económicos.