La Policía Local, sin sitio para patinetes inmovilizados por riesgo de incendio

La reciente entrada en vigor de la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) que exige seguro y matriculación para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como patinetes y bicicletas eléctricas, ha comenzado a generar desafíos operativos en el ámbito local. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a un dilema sobre cómo gestionar los VMP inmovilizados por incumplimiento, debido a la imposibilidad de almacenarlos en dependencias municipales por el riesgo de incendio que representan sus baterías.

Desde el pasado 30 de enero, los propietarios de VMP deben cumplir con estas nuevas exigencias, bajo amenaza de sanciones que pueden ascender a 500 euros por carecer de permiso de circulación y 800 euros por no disponer de seguro. Sin embargo, la aplicación práctica de estas multas y la gestión de los vehículos interceptados presenta lagunas. En Santa Cruz, tres patinetes, uno de ellos perteneciente a una empresa de alquiler, han sido inmovilizados por no ajustarse a la nueva regulación.

Jesús Illada, delegado del CSIF, ha manifestado la falta de directrices claras para los agentes desde la implementación del registro obligatorio. La imposibilidad de depositar estos vehículos en cocheras o depósitos municipales, sumada a la inviabilidad de bloquearlos en la vía pública, deja a los efectivos sin un protocolo de actuación definido. En esta línea, la concejala de Seguridad del Ayuntamiento, Gladis de León, ha reconocido la existencia de vacíos procedimentales, a pesar de la obligación legal de inmovilizar los VMP denunciados. El consistorio ha solicitado a la DGT que clarifique las instrucciones, ya que la ordenanza municipal aún no ha sido adaptada a la nueva normativa.

Mientras se espera la respuesta de Tráfico, la Policía Local de la capital tinerfeña está optando por notificar a los propietarios de los vehículos inmovilizados para que los retiren a sus domicilios, con la condición de que solo podrán volver a utilizarlos una vez regularizada su situación. Esta situación impide, por el momento, la aplicación efectiva de las sanciones económicas aparejadas al incumplimiento.

Cabe destacar que, en el caso de los patinetes de alquiler que operan en Santa Cruz, el Ayuntamiento se adelantó a la normativa de la DGT. La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, confirmó el mes pasado que las 646 unidades de la empresa Doot ya contaban con seguro e identificación, requisitos que el consistorio había exigido previamente. Alonso también ha señalado el retraso de la DGT en la regulación de estos vehículos, que han circulado desde 2020 sin exigencia de seguro para los VMP privados.